La industria de inteligencia artificial deja atrás el modelo de tarifa plana. Microsoft anunció que, desde el 1 de junio, GitHub Copilot facturará conforme se consuman tokens, es decir, por cada consulta o código generado. La empresa argumenta que el cambio hará “sostenible” el servicio, tras admitir que hasta ahora subsidiaba su uso.
Documentos citados por el Wall Street Journal muestran que la compañía perdía un promedio de 20 dólares mensuales por suscriptor; en perfiles intensivos la cifra llegó a 80 dólares. La práctica de precios artificialmente bajos buscó generar dependencia laboral antes de trasladar el gasto real a los usuarios.

El giro responde al encarecimiento de la computación. Los nuevos modelos de “razonamiento” consumen más recursos y las proyecciones de reducción de costos no se materializaron. Por ello, Microsoft prefiere cobrar por consumo que seguir absorbiendo la diferencia.
La medida implica incertidumbre para quienes usan la herramienta: dejan de conocer de antemano cuánto pagarán. El pago por uso obliga a monitorear constantemente el gasto de tokens y puede encarecer proyectos que antes tenían presupuesto fijo.

La situación se repite en otras firmas. En OpenAI, la directora financiera Sarah Friar advirtió internamente que la empresa tal vez “no pueda pagar los futuros contratos de computación” si los ingresos no crecen al menos diez veces antes de 2030. El análisis AI's Economics Don't Make Sense considera esa meta “imposible”.
Oracle añade riesgo al panorama. Financia con deuda el megacampus Stargate Abilene, de 52.800 millones de dólares, destinado exclusivamente a OpenAI. Si la firma de inteligencia artificial no alcanza los 852.000 millones proyectados en ingresos y financiamiento para 2030, Oracle podría no recuperar la inversión y comprometer incluso el patrimonio personal de Larry Ellison.

El informe concluye que el sector ha operado bajo un esquema de subsidio encubierto para expandir una tecnología que, en la práctica, se sostiene con deuda creciente y destrucción de recursos. La transición al cobro por uso deja al descubierto que el costo real recaerá sobre trabajadoras, trabajadores y pequeñas empresas que integraron estas plataformas en sus flujos de trabajo.
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