Cada día más de cuatro millones de personas confían en el Metro de la Ciudad de México, pero lo hacen sobre pisos desgastados, lambrines fracturados, escaleras eléctricas detenidas y trenes cuyo pilotaje automático falla, según reconocen los propios conductores.
Las autoridades aseguran que las instalaciones garantizan “un viaje óptimo”, aunque documentos internos revelan que el 80 % del presupuesto anual de 23,000 millones de pesos se consume solo en mantener abierto el servicio. El margen que queda para obras de fondo es mínimo y se resuelve con parches menores que no atacan el desgaste estructural.
El boleto real cuesta 13 pesos, pero el gobierno que encabeza Clara Brugada subsidia ocho para que el usuario pague cinco; sin ese aporte el sistema no alcanzaría a cubrir la factura eléctrica.

En paralelo, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, dirigido por Fernando Espino Arévalo, negocia prestaciones millonarias: en 2025 se firmaron contratos por 260 millones de pesos para entregar centenarios de oro y monedas de plata a quien cumplan 25, 30 y 40 años de servicio, reconocimientos pendientes desde 2022.
También se autorizaron 20 millones para juguetes del Día de Reyes; la empresa adjudicada, Comercializadora Munrro, factura uniformes escolares y no figura como proveedora habitual de juguetería.

Conductores consultados por este medio ganan 14,000 pesos mensuales y los jefes de estación poco más de 16,000; denuncian que muchos trenes carecen de radio interno y usan sus celulares para comunicarse con el centro de control. A mediados de abril el personal salió a vías para exigir mejores salarios y mantenimiento, lo que agravó los retrasos.
La combinación de austerad presupuestal, subsidio creciente y beneficios sindicales costosos mantiene al Metro en un círculo vicioso: se invierte apenas para no parar, se premia sin transparencia y el usuario queda expuesto a colapsos cada vez más frecuentes.
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