México no legisló el feminicidio por avance institucional, sino por emergencia nacional. Cuando un país necesita una ley específica para evitar que maten a sus mujeres, el problema ya no es jurídico: es estructural.
La iniciativa que hoy avanza en el Congreso federal busca homologar la investigación en todo el país, establecer penas de 40 a 70 años y definir nueve razones de género que obliguen a tipificar correctamente estos crímenes.
En términos técnicos es un paso relevante; en términos políticos, un reconocimiento implícito de que el Estado no contuvo la violencia con los instrumentos que ya tenía. El feminicidio ya estaba tipificado. La Suprema Corte ya ordenó investigar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres.
Existían protocolos, fiscalías especializadas, alertas. Lo que ha fallado de manera sistemática es la aplicación. Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, desapareció tras acudir a una entrevista de trabajo en la Ciudad de México; la autoridad reconoció retrasos injustificables en las primeras horas, decisivas para resolver cualquier desaparición.
A su nombre se suman Carolina Flores y Lina Alejandra Rodríguez Castillo. Distintos contextos, una constante: mujeres asesinadas en un país donde, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de.
Etiquetas: feminicidio, ley general, congreso, aplicación, impunidad, México · Emergencias y protección civil
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