La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados termina este periodo legislativo con 94 iniciativas a favor de las mujeres sin dictamen. De las 80 presentadas desde el inicio de la LXVI Legislatura en 2024, 65 permanecen pendientes; otras 29 de 31 remitidas por Comisiones Unidas tampoco han sido analizadas. La presidenta del órgano, Anais Miriam Burgos Hernández, está de licencia indefinida.
Entre los proyectos sin revisión figura la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio. La iniciativa busca contar con información oficial para diseñar políticas públicas específicas y restituir derechos a este grupo. La propuesta no ha sido discutida y no podrá retomarse hasta el 1 de septiembre de 2026, cuando comience el siguiente periodo legislativo.

Otra ley pendiente es la reforma al artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por la priista Laura Ivonne Ruíz Moreno el 3 de diciembre de 2024. El proyecto obligaría a destinar recursos presupuestales al combate de la violencia de género, actualizar los indicadores de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y crear un Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección con seguimiento en tiempo real.

También quedó sin análisis la iniciativa de Guadalupe Morales Rubio, de Morena, presentada el 12 de febrero de 2025. La propuesta armoniza la normatividad de la Secretaría de las Mujeres y elimina del marco legal al extinto Instituto Nacional de las Mujeres, con el argumento de brindar certeza jurídica.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia, también de Morena, presentó el 18 de febrero de 2025 un proyecto que tipifica como violencia política contra las mujeres la difusión de campañas difamatorias, la creación de cuentas falsas en redes sociales y el uso de inteligencia artificial para manipular imágenes o audios. El texto establece que el sicariato digital será considerado violencia digital.

La acumulación de iniciativas sin dictamen evidencia el lento avance legislativo en materia de derechos de las mujeres en México. Organaciones civiles han demandado de manera reiterada la urgencia de aprobar estas reformas para hacer frente al feminicidio y a las diversas formas de violencia de género.
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