La desaparición forzada no es un delito más: es la suspensión del Estado de derecho. En México esa herida no cicatriza; crece. La visita de Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum devolvió el tema al centro del debate, donde nunca debió salir.
Organismos internacionales repiten un diagnóstico: el fenómeno aumenta, la impunidad es regla y la normalización institucional, un patrón. Human Rights Watch y Amnistía Internacional coinciden: el Estado mexicano no previene, no investiga y no sanciona.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas debería ser la brújula de la política pública; en la práctica es una base fragmentada y politizada. Las cifras superan el centenar de miles, pero la desconfianza social sobre sus números erosiona la poca legitimidad que queda. Detrás de cada dígito hay un rostro y una familia que espera.
Ante la omisión, son ellas —las madres buscadoras— quienes cargan palas, picos y la certeza de que nadie más vendrá a ayudar. Han convertido campos, basureros y potreros en escenas de forense improvisado. En términos jurídicos, la investigación es indelegable; en términos humanos, es una tragedia que el Estado delegue en víctimas la tarea más dolorosa.
La respuesta oficial se atrapa en una paradoja: reconoce el problema en el discurso y lo diluye en la práctica. Comisiones de búsqueda, fiscalías especializadas y protocolos se multiplican, pero la fragmentación entre federación y estados, la falta de coordinación y los recursos escasos los vuelven estructuras vacías.
Romper el círculo exige un enfoque integral: fortalecer el Registro con estándares internacionales, dotar de autonomía real a fiscalías, profesionalizar la forense, garantizar la participación de las víctimas y, sobre todo, quebrar la lógica de impunidad que protege a los responsables.
Etiquetas: Desapariciones, Fosas clandestinas, Madres buscadoras, ONU-DH, Impunidad, Estado de derecho, México · Desapariciones y fosas
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