El cierre parcial del Estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, dejó de circular más de 500 millones de barriles en pocas semanas y evidenció la dependencia de México a una ruta que concentra cerca del 20 % del tránsito mundial de crudo.
La disrupción, estimada por Reuters en pérdidas superiores a los 50,000 millones de dólares, encareció insumos básicos: fertilizantes, plásticos y combustibles que llegan al país principalmente por vía marítima.
El Instituto Tecnológico de Georgia advierte que no existen rutas alternativas capaces de reemplazar ese volumen, por lo que el encarecimiento se traslada de forma inmediata al consumidor final.

Paralelamente, la demanda eléctrica de centros de datos en el mundo podría duplicarse antes de 2030, según proyecciones de S&P Global, lo que aumenta la presión por asegurar fuentes propias de gas.
Ante el riesgo de desabasto y los precios elevados, autoridades y sectores privados revisan nuevamente la viabilidad del fracking en cuencas como Burgos y Sabinas, argumentando que la tecnología de sensores e ingeniería 4. 0 permite extraer gas de esquisto con menor impacto y costo que las importaciones.

La discusión pone en la mesa el concepto de “soberanía tecnológica de recursos”: gestionar yacimientos nacionales con datos en tiempo real para reducir la dependencia de pasos obligados como Ormuz. Sin embargo, la medida enfrenta resistencia social por el uso intensivo de agua y la posible contaminación de acuíferos en zonas agrícolas del noreste.
El gobierno federal, que había frenado licitaciones de hidrocarburos no convencionales, ahora evalúa contratos de servicio que mantengan la propiedad de Pemex pero incorporen capacidad privada para perforación horizontal.

El bloqueo asiático se ha convertido en un espejo de la fragilidad mexicana: sin gas suficiente, la industria nacional paga más por fertilizantes y la generación eléctrica se vuelve más onerosa, afectando desde productores de tomate en Sinaloa hasta ensambladoras de autos en Guanajuato.
La decisión de impulsar o no el fracking se presenta como una apuesta de corto plazo para abaratar energía y largo plazo para conservar reservas que, seguido de inversiones en renovables, podrían amortiguar futuras crisis externas.
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