Expertos de las Naciones Unidas exigieron este martes a Estados Unidos que ponga fin a los ataques aéreos contra embarcaciones en aguas internacionales, tras documentar al menos 223 personas asesinadas en el último año en el Caribe y el océano Pacífico.
Desde el 2 de septiembre de 2025, el Ejército estadounidense ha atacado al menos 68 embarcaciones, según el informe. En la mayoría de los casos, todas las personas a bordo murieron; en otros, se reportaron desaparecidos.
Washington justificó las operaciones alegando que las embarcaciones transportaban drogas en nombre de organizaciones calificadas como terroristas por la legislación estadounidense. Los expertos rechazaron esos argumentos jurídicos.
Advirtieron que estas muertes sistemáticas vulneran gravemente la obligación fundamental de respetar el derecho a la vida. Señalaron que el derecho internacional no permite matar presuntos delincuentes simplemente por encontrarse en el mar, del mismo modo que la policía no puede ejecutar sumariamente personas en las calles.
También descalificaron que Estados Unidos invoque el derecho a la legítima defensa del artículo 51 de la Carta de la ONU. Los cárteles y bandas criminales no llevan a cabo ataques armados contra ese país, por lo que la lucha contra el narcotráfico debe considerarse aplicación de la ley, no conflicto armado.
"Llamarlo guerra no lo convierte en una guerra", afirmaron. Sostuvieron que no existe conflicto armado bajo el derecho internacional humanitario, pues no hay enfrentamientos militares entre dos partes.
Los presuntos narcotraficantes no son combatientes, añadieron. Las muertes deben considerarse ejecuciones extrajudiciales e ilegales, ya que Washington mata unilateralmente sin base jurídica ni proceso legal.
El derecho internacional de los derechos humanos, aplicable también en el mar, establece que la fuerza letal solo es lícita en defensa propia o de terceros, cuando sea estrictamente necesaria y proporcional para impedir una amenaza inminente contra la vida.
Los expertos señalaron que Estados Unidos no ha alegado tal amenaza. Las propias autoridades reconocieron que podrían haber interceptado las embarcaciones, pero optaron por no hacerlo.
Finalmente, recordaron que el derecho a la vida obliga a los Estados a adoptar medidas rápidas para buscar, rescatar y asistir médicamente a personas en peligro tras estas operaciones. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la reparación.
Etiquetas: Estados Unidos, derechos humanos, ONU, derecho internacional, narcotráfico, ejecuciones extrajudiciales, Caribe, Pacífico
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