DATO DURO
La madrugada del 1 de enero de 2023, un motín en el Centro de Readaptación Social número 3 de Ciudad Juárez desencadenó una masacre que cobró la vida de 17 personas: diez oficiales de
María del Rosario Rodríguez Reyes, madre de Edgar, denunció irregularidades en la detención de su hijo. "Fue una pérdida muy grande, primero nos lo quitan sin pruebas, sin nada, y supuestamente ya estaba para salir cuando me lo mataron", declaró. Su testimonio refleja el reclamo de reparación del daño que familiares dirigen al Gobierno de Chihuahua.
La investigación de la Fiscalía estatal permanece abierta sin resultados concretos. Hasta la fecha no se han emitido órdenes de aprehensión contra funcionarios del sistema penitenciario. Esta omisión contrasta con las aseguraciones del fiscal Carlos Manuel Salas en diciembre de 2023, cuando afirmó que dichas órdenes ya existían.
En diciembre de 2024, Salas modificó su versión: "No hemos terminado con eso y cuando no se termina y no se formula imputación, no hay todavía órdenes de aprehensión". El funcionario vinculó el caso con el llamado "jueves negro" del 11 de agosto de 2022, cuando una reyerta en el mismo penal dejó 11 homicidios.
CONTEXTO
Según la autoridad, ambos hechos tienen como responsables a integrantes de la pandilla Los Mexicles, identificada como aliada del cártel de Sinaloa. Sin embargo, no ha presentado imputaciones formales que sustenten esta línea investigativa ante los tribunales.
Contexto político
El motín de 2023 fue protagonizado por el interno Ernesto Piñón de la Cruz y otros reos. Además de los 17 muertos, hubo 13 lesionados y 30 fugados. Los hechos desataron dos enfrentamientos en las calles de Ciudad Juárez, evidenciando la vulnerabilidad del control penitenciario.
CONCLUSIÓN
La información oficial presenta inconsistencias. Salas anunció recientemente una investigación contra el presunto financiador de Los Mexicles, a quien identificó como Braulio Raúl. No obstante, registros periodísticos indican que Braulio Raúl Ornelas Contreras, alias "Beethoven", fue hallado sin vida el 25 de noviembre de 2023 en un penal federal de Guanajuato, donde se encontraba recluido.
Las 17 familias de las víctimas enfrentan un escenario de impunidad prolongada. La falta de conclusiones en la investigación y las contradicciones en las declaraciones de las autoridades alimentan la desconfianza en la capacidad del Estado para esclarecer los hechos y sancionar responsabilidades.
El caso expone las fallas estructurales en la gestión del sistema penitenciario chihuahuense, donde episodios de violencia extrema se repiten sin que se implementen medidas efectiv
Etiquetas: Cereso 3, Ciudad Juárez, masacre penal, impunidad, sistema penitenciario, Chihuahua, justicia, derechos humanos
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