DATO DURO
Un tribunal del Estado de México sentenció a tres años de internamiento a Azahara "N", de 14 años, por el homicidio de Norma Lizbeth Ramos Pérez, estudiante de la Secundaria Oficial 518 Anexa a la Normal de Teotihuacán "Los Jaguares". La resolución incluye el pago de 454 mil 293 pesos por reparación del daño moral y material.
El homicidio ocurrió el 21 de febrero de 2023, cuando Azahara agredió físicamente a Norma Lizbeth afuera de la escuela, en el turno vespertino. Videos difundidos muestran la pelea mientras decenas de estudiantes observaban y grababan sin intervenir.
Norma Lizbeth había denunciado previamente acoso escolar por parte de la misma agresora. Tras la pelea, fue auxiliada por vecinos y paramédicos, y permaneció en casa durante un mes de suspensión que recibieron ambas estudiantes.

Días después, la víctima presentó mareos y desmayos. Falleció el 13 de marzo en su domicilio por traumatismo craneoencefálico derivado de la agresión. Sus familiares la trasladaron al Centro Especializado de Atención Primaria a la
CONTEXTO
Alma Delia, hermana de la víctima, denunció que la directora de la escuela minimizó el acoso escolar que Norma Lizbeth sufrió sistemáticamente. La institución educativa no implementó protocolos de protección pese a las advertencias previas.
Contexto político
La agresora fue detenida en marzo de 2023 en la colonia Santa María Cozotlán por elementos de la Fiscalía del Estado de México y la Comisión Nacional Antihomicidios. Cumple la sentencia en el Centro de Internamiento para Adolescentes "Quinta del Bosque", en Zinacantepec.

CONCLUSIÓN
El caso expuso fallas en la respuesta institucional ante el bullying escolar. La escuela suspendió a ambas estudiantes por igual tiempo, sin distinguir entre víctima y agresora, ni activar mecanismos de protección para Norma Lizbeth.
La sentencia de tres años, máxima prevista para adolescentes infractores en México, ha sido cuestionada por organizaciones que señalan la impunidad estructural en casos de violencia escolar. La reparación económica no resuelve las omisiones del sistema educativo y de procuración de justicia.
El homicidio generó movilizaciones ciudadanas bajo la consigna #JusticiaParaNorma, que exigían sanciones también para las autoridades escolares que ignoraron las denuncias de acoso. Hasta la fecha, no hay sanciones públicas contra los responsables de la institución educativa.
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