El intento de femicidio registrado el martes en el anexo del edificio Alpargatas, compartido por las facultades de Medicina y Química de la Universidad de la República (Udelar), obligó a la institución a revisar su estrategia de abordaje de la violencia de género. La agresión, cometida por un estudiante contra una compañera frente a otros alumnos y docentes, generó una crisis que afectó el funcionamiento de múltiples servicios desde el miércoles pasado.
Alejandra López Gómez, profesora titular de la Facultad de Psicología y delegada del Consejo Nacional de Género por la universidad, calificó el episodio como un "punto de inflexión" que marca "un antes y un después" en la historia institucional. A diferencia de situaciones previas, esta vez la violencia se desplegó con extrema magnitud dentro del espacio aula, lo que tensionó las capacidades de respuesta de la casa de estudios.
Ante la gravedad de los hechos, diversos centros educativos optaron por no retomar las actividades con normalidad pese a que el Consejo Directivo Central decidió no decretar paro institucional. Estudiantes y docentes organizaron talleres y espacios de reflexión para procesar lo ocurrido, mientras la institución enfrentaba cuestionamientos sobre la eficacia de sus mecanismos preventivos.

La Udelar cuenta desde abril de 2021 con una ordenanza de actuación ante situaciones de violencia, acoso y discriminación, aprobada tras presión del movimiento social de mujeres iniciada en 2019. Natalia Guidobono, integrante de la Comisión Abierta de Equidad y Género, reconoció que la normativa es "perfectible" y que los hechos recientes evidencian brechas en su implementación.
Junto con Victoria Espasandín, especialista en el tema, Guidobono coincide en que la institución posee "un montón de instrumentos" teóricos, pero estos no han sido suficientes para identificar y neutralizar situaciones de riesgo antes de que escalen. El debate actual apunta a la necesidad de transformar esos protocolos en prácticas efectivas de prevención.

Una de las propuestas en discusión es la obligatoriedad de la formación universitaria en violencia, acoso y discriminación para toda la comunidad educativa. El objetivo sería dotar a estudiantes, docentes y funcionarios de herramientas para reconocer señales de alerta y actuar antes de que se produzcan agresiones graves.
El caso reabre interrogantes sobre cómo las universidades latinoamericanas enfrentan la violencia de género en sus campus. La tensión entre la existencia de normativas formales y su operatividad real constituye un desafío que trasciende el ámbito uru
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