Un terremoto de magnitud 7. 4 sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026, afectando 15 departamentos y causando daños significativos en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. Aunque el censo de afectados comenzó rápidamente, en territorios indígenas no se llevó a cabo ningún registro.
Walter Mecha, secretario técnico de la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, señaló la falta de información inmediata sobre los hechos en estos territorios.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó 314 fallecidos, 4400 heridos y 262 desaparecidos, pero no incluyó datos desagregados a nivel étnico. Las autoridades indígenas y afrodescendientes tuvieron que documentar sus propias pérdidas.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) publicó un informe identificando que 1009 comunidades sufrieron las sacudidas más fuertes.

Rosalino Guarupe Joropa, consejero mayor de la ONIC, explicó que cruzaron el mapa de intensidad sísmica del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) con el registro de asentamientos de la ONIC para determinar los departamentos a priorizar.
Luego, líderes de organizaciones entraron en la selva chocoana y viajaron a los resguardos afectados para confirmar la afectación. El 19 de agosto, la ONIC informó tres fallecidos, 1488 heridos y 2297 viviendas afectadas en sus comunidades.

La falta de caracterización oficial llevó a la Defensoría del Pueblo a pedir al Gobierno Nacional y a la UNGRD que aceleren la ayuda humanitaria y realicen censos diferenciados para los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, ya que la falta de datos étnicos aumenta la vulnerabilidad en territorios marginados.
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