Share Tweet Share Share Email Comments El informe de Impunidad Cero revela que entre 2019 y 2022 la impunidad en desapariciones alcanzó 99. 6 por ciento a partir de un análisis de datos obtenidos vía transparencia sobre investigaciones y reportes oficiales. La investigación identifica fallas en la coordinación entre autoridades, debilidades en fiscalías, rezagos forenses y falta de intercambio de información Por Vanessa Briseño / Zona Docs El reciente informe sobre impunidad en delitos de desaparición, elaborado por la organización Impunidad Cero , ofrece un análisis crítico sobre la capacidad del Estado mexicano para investigar y resolver estos crímenes.
Entre sus hallazgos más alarmantes, el documento revela que, entre 2019 y 2022, la impunidad acumulada a nivel nacional escaló al 99. 6 por ciento. El estudio disecciona el desempeño institucional mediante el examen minucioso de carpetas de investigación, reportes de personas no localizadas y la eficiencia de los organismos de procuración de justicia. Claudia Morales, Coordinadora de Proyectos de la organización, explicó en entrevista para ZonaDocs que este diagnóstico surge ante la alarmante magnitud de una crisis que no da tregua.
La especialista calificó la desaparición como “el fenómeno criminal que más está afectando a la sociedad mexicana”, subrayando un carácter transversal que vulnera a diversos estratos sociales sin distinción. Este esfuerzo académico y de incidencia se alinea con la misión de Impunidad Cero de auditar fenómenos delictivos para generar insumos que nutran el debate público. Claudia precisó que el reporte se nutrió principalmente de datos obtenidos vía transparencia, una metodología que, aun con complejidades, permitió poner el foco en una problemática que atraviesa múltiples dimensiones del tejido social.
Respecto a la ruta metodológica, el equipo de investigación recurrió a una batería de solicitudes de acceso a la información dirigidas a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Fiscalía General de la República (FGR) -específicamente a su unidad especializada- y a las diversas fiscalías y comisiones locales. El objetivo central fue contrastar el volumen de indagatorias iniciadas frente a las acciones concretas ejecutadas por cada autoridad según su jurisdicción. Sin embargo, el acceso a los datos no fue sencillo. La coordinadora señaló que el análisis debió construirse sobre la información disponible en fuentes oficiales y bases públicas.
En el caso particular de la CNB, el equipo tuvo que trabajar con versiones públicas debido a la ausencia de una base de datos completa y descargable, factor que terminó por condicionar los alcances del diagnóstico final sobre el sistema de justicia. Lee más: En Chihuahua hay 4 mil 694 personas desaparecidas y una fiscalía acotada en procesos de búsqueda Para dimensionar la brecha de justicia, el informe calcula la impunidad acumulada comparando el número de personas desaparecidas con las carpetas de investigación judicializadas.
Mediante este cruce estadístico, se estimó cuántos casos logran sortear los obstáculos del sistema hasta obtener una resolución, evidenciando una respuesta institucional ínfima frente al volumen del delito. Claudia enfatizó que este indicador desvela una realidad cruda: solo una fracción insignificante de las denuncias prospera en los tribunales. “Únicamente el 1 por cuento llega a un proceso judicial que derive en una sentencia” , remarcó, destacando el abismo existente entre la crisis humanitaria y la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a los responsables.
El cálculo también toma en cuenta la evolución de los sistemas de registro, incluyendo la consolidación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas tras la ley general de 2017. Pese a estos avances administrativos, el informe insiste en que el avance judicial es nulo, lo que evidencia un debilitamiento estructural que impide la correcta integración de las carpetas de investigación antes de llegar frente a un juez. Durante el proceso de elaboración, se detectaron fallas sistémicas relacionadas con la ambigüedad de competencias.
La experta detalló que la naturaleza del delito suele generar una “zona gris” donde autoridades federales y estatales se deslindan de responsabilidades, lo que provoca retrasos críticos en las diligencias iniciales y paraliza el avance de las pesquisas. Aunado a lo anterior, se señalaron carencias internas en las fiscalías, muchas de las cuales carecen de herramientas elementales como las unidades de análisis de contexto. Sin estos instrumentos, esenciales para comprender la complejidad de las desapariciones, las instituciones se ven imposibilitadas para construir investigaciones sólidas que resistan el escrutinio judicial.
Otro factor que alimenta este escenario es el peso del tiempo en los casos de larga data. Con registros de desapariciones que se remontan a más de cinco décadas atrás, la labor de identificar culpables, reconstruir patrones criminales y localizar testigos se vuelve una tarea titánica. El paso de los años erosiona los indicios, dificultando que estos se transformen en pruebas plenas dentro de un proceso legal.
Etiquetas: Desapariciones, Impunidad, Fiscalías, Transparencia, Justicia, México · Desapariciones y fosas
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