Claudia Sheinbaum informó que México solo solicitará la detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya si la Fiscalía General recibe o genera “pruebas contundentes e irrefutables” conforme a la ley nacional. El mandato se da luego de que la fiscalía de Nueva York acusara al gobernador de Sinaloa y a nueve exfuncionarios de colaborar con el cártel de Sinaloa para enviar droga a Estados Unidos.
La mandataria advirtió que, de no presentarse dichas pruebas, se interpretará que el Departamento de Justicia estadounidense persigue fines políticos. “No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo en México”, subrayó.
Rocha Moya, gobernador morenista desde 2021 y cercano a Andrés Manuel López Obrador, rechazó los cargos. Este jueves acudió a un acto público en Navolato donde reiteró: “Siento ser una persona limpia”.

Sheinbaum dijo haber hablado con el gobernador para transmitirle que “si no hay nada, no hay nada que temer”, pero insistió en la necesidad de evidencia formal que justifique una orden de aprehensión.
En Culiacán, la nota genera incomodidad. Alma Delia, vecina que omitió su apellido, expresó a la AFP: “Que los investiguen y si están coludidos, que vayan a la cárcel”. Se quejó de la inseguridad y de la presencia de Guardia Nacional y militares que, según ella, no han mejorado la protección ciudadana.
La acusación de Nueva York es inédita: por primera vez un gobernador en funciones es señalado de narcotráfico. El caso incluye a un senador y al presidente municipal de la capital sinaloense, todos ellos integrantes de Morena.

Sheinbaum reiteró que su administración no protegerá a nadie si se comprueba responsabilidad. “No vamos a proteger a nadie”, afirmó, y señaló que la extradición solo procederá cuando existan elementos que sustenten un delito bajo el marco legal mexicano.
La petición de evidencia se da en medio de tensiones diplomáticas por la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente automovilístico tras participar en un operativo antidrogas no coordinado con autoridades mexicanas. Analistas consultados por la AFP consideran que la forma en que el gobierno mexicano manejó el incidente irritó a Washington.
Para la ciudadanía de Sinaloa, prioridad es que las investigaciones nacionales y extranjeras transparenten posibles vínculos entre políticos y el crimen organizado. La expectativa, coinciden vecinos y observadores, es que cualquier proceso judicial se base en hechos verificables y no en presiones geopolíticas.
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