Segob confía protección de periodistas a empresa cuestionada reiteradamente por la ASF | Grupo Animal Segob confía protección de periodistas a empresa cuestionada reiteradamente por la ASF Frasua Esquerra y Oscar Nogueda · 20 de julio de 2026 Para operar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas , la Secretaría de Gobernación (Segob) adjudicó durante el primer semestre de 2026 tres contratos por 197. 8 millones de pesos a RCU Sistemas S. A. de C. V.
, una empresa que acumula observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por deficiencias graves en la prestación de sus servicios y que, además, ha sido vinculada en una investigación periodística con la red empresarial de Genaro García Luna , el exsecretario de Seguridad Pública condenado en Estados Unidos por delincuencia organizada y vínculos con el Cártel de Sinaloa . RCU Sistemas opera la infraestructura tecnológica y los servicios que permiten ejecutar las medidas de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en riesgo.
Sin embargo, auditorías oficiales revisadas por Animal Político documentan fallas recurrentes en el funcionamiento del servicio. México, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
Foto: Cuartoscuro La contratación de esta empresa cobra especial relevancia en un país donde la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, ha documentado al menos 106 comunicadores asesinados en México en relación con su labor informativa desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto : 47 durante aquella administración, otros 47 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al menos 12 desde el comienzo de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Las cifras mantienen a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
De acuerdo con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con corte al 31 de mayo de 2026 , esta instancia tiene a 2 mil 20 personas registradas como beneficiarias. De este universo vigente, 690 son periodistas (201 mujeres y 489 hombres) y mil 330 son personas defensoras de derechos humanos (742 mujeres y 588 hombres) .
Las entidades federativas que concentran el mayor número de personas en el Mecanismo —sumando tanto a periodistas como a personas defensoras— son la Ciudad de México con 216 registros (87 periodistas y 129 defensores/as); Oaxaca con 195 (34 periodistas y 161 defensores/as) y Michoacán con 163 (39 periodistas y 124 defensores/as). Les siguen de cerca estados como Jalisco (148 personas) y Guerrero (138 personas), los cuales complementan los focos con mayor demanda de medidas de protección a nivel nacional. Además, los tres contratos fueron adjudicados de manera directa bajo la excepción prevista para adquisiciones relacionadas con “fines militares o para la Armada”.
El primero (SG/CPS/006/2026) cubre los meses de febrero y marzo, con un monto máximo de 64 millones de pesos. El segundo (SG/CPS/017/2026) extiende el servicio de abril a julio por hasta 123. 8 millones de pesos. Y un tercer contrato (SG/CPS/016/2026), vigente durante ese mismo periodo, se destinó específicamente al cumplimiento de medidas cautelares dictadas por organismos de derechos humanos, con un tope de 10 millones de pesos. .
Al detallar las fallas de este esquema, precisó que en los equipos de auxilio “se pierde la señal”, hay errores en “la georreferenciación” y “no hay respuesta inmediata en ocasiones a la situación de emergencia por parte de la empresa encargada “ . Aunado a esto, reveló irregularidades con el personal , señalando que la compañía “no goza […] con un permiso de portación de armas, sino que está empleando a marinos o militares retirados que portan el arma de cargo” de su jubilación.
Frente a este panorama, Encinas fue categórico sobre la urgencia de retirar a los privados de esta labor, sentenciando que la protección de los beneficiarios debía asumirse como “una responsabilidad del Estado que no puede negarse a un particular, sino que tiene que ser directamente el Estado”. En aquel momento, incluso anunció que el gobierno buscaría “la eliminación del contrato que es oneroso”, una medida con la que proyectaba “un ahorro por lo menos del 15 por ciento, más de 30 millones de pesos”, asegurando que con ello se tendrían “recursos suficientes para la protección”.
A pesar de los cuestionamientos y señalamientos acumulados contra la compañía , RCU Sistemas continúa, más de una década después, como encargada de operar las medidas de protección para periodistas y personas defensoras en México. La Segob ha justificado la adjudicación directa a RCU Sistemas en los contratos por la necesidad de garantizar la continuidad del “Servicio integral de Protección y Seguridad técnica para el cumplimiento de medidas cautelares dictadas por organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos”. Alejandro Encinas.
Etiquetas: Segob, RCU Sistemas, ASF, Periodistas, Protección, Genaro García Luna, Auditorías
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