La desaparición forzada y feminicidio de la abogada mixteca Sandra Domínguez Martínez, ocurrida en octubre de 2024, es presentado por la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez como muestra del patrón sistemático contra defensoras indígenas en México. La legisladora federal del PT presentó un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a la Fiscalía de Oaxaca a investigar con perspectiva de género, enfoque intercultural y estándares de derechos humanos.
El documento reclama que la dependencia estatal agote todas las líneas de investigación, incluidas las denuncias previas que la víctima interpuso contra presuntos actores ligados a estructuras de poder, y evite revictimizar su labor como defensora. También pide informar periódicamente a la familia y coordinarse con la Fiscalía General de la República si surgen indicios de competencia federal.
El punto de acuerdo incluye la exigencia a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que otorgue reparación integral a la hija menor de Sandra Domínguez, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que reabra y dé seguimiento al caso. Además, solicita a las autoridades oaxaqueñas intensificar la búsqueda de las defensoras Claudia Uruchurtu Cruz e Irma Galindo Barrios, desaparecidas en la mixteca en 2021.
A un año y medio del secuestro y seis meses del hallazgo de su cuerpo en una fosa clandestina de Veracruz, no hay detenidos ni responsables materiales ni intelectuales. La diputada advierte que la impunidad revela falla estructural del Estado mexicano en su obligación de investigar con debida diligencia, agravada por las omisiones previas pese a las amenazas que ya había denunciado la abogada.
La menor hija de Sandra Domínguez no ha recibido medidas de protección ni reparación, situación que, según el punto de acuerdo, vulnera la Ley General de Víctimas.
Etiquetas: Sandra Domínguez, feminicidio, desaparición forzada, Oaxaca, Veracruz, defensoras indígenas, impunidad, CEAV
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