La regulación de la Inteligencia Artificial (IA) en México se posiciona como un tema central en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Se cuestiona si los estándares de IA serán los más adecuados y si se adaptarán a las realidades de las instituciones mexicanas.
La IA ha mostrado su potencial en la lucha contra la corrupción a través de la automatización de pagos, trámites y servicios, reduciendo lo que se conoce como 'corrupción de ventanilla'.
Un ejemplo de esto es el robot brasileño Alice, diseñado para monitorear procesos de compras públicas y contratos, que ha detonado auditorías que suspendieron licitaciones sospechosas por un monto de mil 750 millones de dólares.

Sin embargo, la implementación de la IA también trae consigo nuevos dilemas, como la calidad de los datos y el sesgo en la programación, como se evidenció en el caso de Amazon, donde un algoritmo excluía sistemáticamente a mujeres y personas racializadas.
Otro riesgo es la 'captura algorítmica', donde funcionarios podrían manipular datos para favorecer intereses particulares. La vulneración de derechos humanos también es un tema de preocupación, como lo señala el panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas.

A pesar de los avances en la IA, como el sistema PREVENT de Rumania y el BRIAS de Corea, la desigualdad persiste, con el 85% de las herramientas de IA en manos de empresas de Estados Unidos y China, dejando al sur global como consumidor y a un 25% de la población mundial sin acceso a internet.
La regulación de la IA en México debe abordar estos desafíos para garantizar un uso ético y equitativo de la tecnología.
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