La Fiscalía General de la República documentó una red de colusión que operaba al interior de corporaciones federales para el contrabando de hidrocarburos, con injerencia directa en decisiones de personal de la Secretaría de Marina y aduanas marítimas. La titular de la dependencia, Ernestina Godoy, señaló que Manuel Roberto "N" y Fernando "N", apodados "Los Primos", intervenían en designaciones, ascensos y movimientos de personal en la Administración Nacional de Aduanas de México y el sector naval.
Según el comunicado de la fiscalía, Roberto "N" gestionaba directamente los nombramientos dentro de la institución naval. Junto con su cómplice, conformaron una estructura criminal dedicada a asegurar el paso de embarques de combustible sin revisión real. Servidores públicos y agentes aduanales recibían pagos por cada carga que se dejaba pasar, mientras las inspecciones eran simulaciones formales.

La red garantizaba muestreos superficiales, aprobación de volúmenes manipulados y maniobras para liberar hidrocarburo sin control. Para evitar registros, establecían calendarios de arribo coordinados que incluían la desactivación de cámaras durante las descargas. Una vez en territorio nacional, el combustible se distribuía a través de tres empresas legalmente constituidas, complementadas con firmas fachada y triangulaciones financieras que legitimaban los ingresos.
Durante un cateo en una bodega arrendada por Roberto "N" en la Ciudad de México, las autoridades localizaron objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos, documentación de

Las investigaciones identificaron operaciones de esta misma red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la capital del país. La fiscal enfatizó que el contrabando de hidrocarburos debilita a las empresas estatales y desvía recursos públicos destinados al bienestar social.
Como parte de las indagatorias, se rastreó a accionistas, apoderados legales y enlaces que participaron en las distintas etapas de la cadena ilegal. Godoy advirtió que "la responsabilidad es individual" y que quienes utilizaron uniformes, cargos públicos o aduanas para servir al crimen responderán ante la justicia.
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