La Unidad Especial para la Investigación de Delitos de Despojo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acumula 7 mil 18 denuncias a un año de su creación, según datos difundidos por las propias autoridades. La cifra emerge de operativos desplegados en 83
De ese volumen de carpetas, la institución aseguró 2 mil 307 inmuebles: mil 852 casas habitación, 422 predios y 33 locales comerciales. Sin embargo, solo 1,452 propiedades —menos de dos tercios del total asegurado— han sido efectivamente devueltas a sus legítimos propietarios. El resto permanece bajo resguardo o en trámites no concluidos.
Los datos revelan una brecha significativa entre denuncias y resultados. La mitad de las carpetas derivó en aseguramiento o identificación de inmuebles susceptibles de recuperación, mientras que el 38% fue clasificado como no viable. Según la fiscalía, estos casos corresponden a disputas de propiedad o posesión, controversias civiles o familiares por herencia, o denunciantes que no acreditaron su derecho.
El mecanismo de acuerdo reparatorio resolvió apenas el 5.5% de las investigaciones, y en el 1.28% se determinó el no ejercicio de la acción penal. Estas cifras indican que la mayoría de los expedientes permanece abierta o se desvía hacia instancias no penales.

La Operación Restitución, en vigor desde abril de 2024, ha coincidido con un incremento del 8.75% en denuncias entre periodos anuales comparados: de 5 mil 85 a 5 mil 530 casos. El repunte puede interpretarse como mayor confianza ciudadana, pero también como una carga creciente para una unidad con resultados parciales en restitución efectiva.
En materia de detenciones, se reportan 478 personas vinculadas a estos delitos: 404 en flagrancia y 74 por órdenes de aprehensión. Sus procesos se encuentran en etapas diversas ante jueces, sin que las autoridades precisen tasas de vinculación a proceso o sentencias.
El despliegue territorial abarca desde
El contraste entre 7 mil denuncias, 2 mil 307 inmuebles asegurados y 1,452 restituidos deja al descubierto un cuello de botella institucional que las autoridades no han detallado: qué ocurre con las propiedades aseguradas pero no devueltas, ni los plazos ni los criterios para resolver su destino final.
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