Las mujeres migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y en retorno o deportación enfrentan en México un riesgo constante de violencia basada en género, mientras las instituciones públicas mantienen dificultades para garantizarles acceso efectivo a servicios de protección,
La investigación, realizada en 2025, revisó legislación, políticas públicas, gasto gubernamental y jurisprudencia, además de recuperar experiencias de mujeres sobrevivientes y de informantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. El estudio incluyó 11 entrevistas a informantes clave y 15 entrevistas presenciales a mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, quienes habían experimentado uno o más hechos de violencia entre 2020 y 2025. Sus testimonios fueron analizados desde una metodología cualitativa feminista y las participantes permanecieron en el anonimato.
Uno de los principales hallazgos es que México cuenta con un marco jurídico amplio para proteger a las mujeres frente a la violencia, incluso en situación migratoria irregular. La legislación federal reconoce el impacto diferenciado de los delitos contra mujeres y niñas, niños y adolescentes en movilidad y permite invocar estos derechos sin condicionar la protección a la ciudadanía mexicana.
También existe normativa que protege los derechos sexuales y reproductivos. La Ley General de
El problema central, según el análisis, radica en la distancia entre las normas y su implementación efectiva. La investigación encontró dificultades para coordinar las instituciones responsables de la política migratoria con aquellas encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
La estructura federal, estatal y municipal complica la identificación de las autoridades responsables y la exigibilidad de derechos. Para las mujeres sobrevivientes que no cuentan con redes de apoyo o acompañamiento especializado, esta complejidad puede convertirse en una barrera prácticamente infranqueable para acceder a la justicia.
Quienes migran por México enfrentan riesgos de violencia sexual, física e institucional. El estudio recuperó testimonios que documentan estas vulnerabilidades durante el tránsito por el territorio nacional.
Etiquetas: migración, violencia de género, justicia, derechos humanos, políticas públicas, México, México · Feminicidios y violencia de género
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