Instituciones y políticas públicas Instituciones y no personas para acabar con la corrupción Por: Conrrado Navarrete Blas 18 / 08 / 2026 La corrupción no es un problema de personalidades. No basta con ser honestos. Para reducir este problema de forma que impacte en la vida de las personas, es necesario tener instituciones capaces y que la ley se cumpla por todos. Comparte MXvsCORRUPCION Añadir MCCI a Google Desde hace al menos diez años, el combate a la corrupción ocupa un lugar central en el debate público en México. Y no porque antes no fuera una preocupación de la sociedad.
Cambian los gobiernos, se anuncian nuevas estrategias, se crean instituciones y se reforman leyes con la promesa de erradicar uno de los problemas más persistentes del país. Sin embargo, los resultados han sido mucho más modestos que los discursos. Los principales indicadores nacionales e internacionales muestran que México sigue enfrentando un desafío estructural que limita su desarrollo económico, debilita el Estado de derecho y erosiona la confianza ciudadana. La pregunta no es si este fenómeno existe o no.
La verdadera interrogante es por qué, después de tantas reformas, alternancias políticas y nuevas instituciones, el país no ha logrado reducirlo de manera sostenida. La explicación más común sostiene que es culpa de la voluntad de quienes gobiernan. Bajo esa lógica, bastaría con elegir funcionarios honestos o endurecer las sanciones; pero la experiencia demuestra lo contrario. Distintos partidos políticos, diferentes personas han enfrentado los mismos obstáculos.
Esto sugiere que la causa es más profunda: el verdadero reto está en las instituciones y en los incentivos bajo los que operan. Lo que dicen los indicadores A diferencia de variables como la inflación o el desempleo, no existe un instrumento capaz de reflejar el impacto de todos los actos de corrupción que ocurren en un país.

Por ello, los principales índices internacionales analizan dimensiones distintas: algunos miden la percepción de especialistas y empresarios; mientras que otros evalúan la fortaleza del Estado de derecho, la capacidad de las instituciones para investigar irregularidades o la experiencia cotidiana de la ciudadanía. Aunque emplean metodologías diferentes, todos llegan prácticamente a la misma conclusión: México sigue rezagado.
El Índice de Percepción de la Corrupción , elaborado por Transparencia Internacional, otorgó a México 27 de 100 puntos posibles y lo ubicó en el lugar 141 de 180 países; ocupó, además, el último sitio entre los miembros de la OCDE. El diagnóstico es similar en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project . México obtuvo 0. 40 puntos sobre un máximo de uno y apenas 0. 27 en el factor “Ausencia de Corrupción”, uno de los resultados más bajos entre los países evaluados.
Esto refleja problemas persistentes en la aplicación de la ley, la independencia judicial y la eficacia de los mecanismos de control. Una tercera medición, el Capacity to Combat Corruption Index (CCC) , analiza la capacidad de los países latinoamericanos para prevenir, investigar y sancionar estas conductas. En el caso de México, el diagnóstico se repite: persisten debilidades en la autonomía de las fiscalías, la independencia del Poder Judicial y la efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas. Otras mediciones coinciden con ese diagnóstico.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 , elaborada por el INEGI, muestra que 84. 1% de los mexicanos consideran frecuentes estas prácticas en las instituciones públicas. Ningún indicador es perfecto. Todos tienen limitaciones metodológicas y observan aspectos distintos del mismo fenómeno. Sin embargo, cuando diversas fuentes independientes coinciden durante años en un mismo diagnóstico, resulta difícil atribuir los resultados a un problema de medición.
El mensaje es claro: en corrupción, México enfrenta un desafío institucional que continúa sin resolverse. Fotografía: Agencia Cuartoscuro La diferencia no son los gobiernos; son las instituciones Durante décadas, el debate público ha girado alrededor de una misma expectativa: encontrar al gobierno que finalmente logre resolver el problema. La experiencia internacional demuestra que esa pregunta está mal planteada. Los países con mejores resultados controlando este problema no son aquellos que encontraron líderes excepcionalmente honestos.
Son los que construyeron instituciones capaces de limitar la discrecionalidad, aumentar la probabilidad de detectar irregularidades y garantizar consecuencias para quienes incumplen la ley.
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