Crédito: Arquidiócesis Primada de México | Hay madres en México que aprendieron a utilizar una pala, una varilla de búsqueda, mapas, expedientes y hasta técnicas para reconocer alteraciones en la tierra. No era su intención convertirse en investigadoras, solo buscan respuestas a la ausencia de un hijo, una hija, un esposo o un hermano que desapareció Copiar el enlace Archivar artículo Compartir en : Son conocidas como “madres buscadoras”, aunque entre quienes recorren campos, fosas, hospitales, servicios forenses y fiscalías, también hay hermanas, esposas, hijas, padres y otros familiares.
A ellas dirige ahora la Iglesia de México uno de los llamados más fuertes de cara al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto. El Diálogo Nacional por la Paz -iniciativa en la que participa la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), junto a religiosos, jesuitas y laicos- pidió a los líderes religiosos de todo el país abrir las iglesias y acompañar a estas familias. “La realidad de las personas desaparecidas en México nos interpela profundamente”, señala el comunicado fechado el 23 de agosto.
El texto añade una intención todavía más clara: “Queremos hacer nuestras sus causas, acompañar solidariamente a sus familias y abrir nuestras iglesias para acogerlas”. El documento propone recibir a las familias buscadores en las celebraciones religiosas, facilitar espacios para instalar “buzones de paz”, nombrar explícitamente a los desaparecidos durante las oraciones y acompañar las actividades organizadas por los colectivos el próximo 30 de agosto.
Una cifra detrás de la que hay miles de hogares AlejandroMunozR | Shutterstock México supera actualmente las 134 mil personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con los datos recientes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). La cifra cambia constantemente conforme se incorporan casos y otras personas. A comienzos de agosto se reportaban 134, 512. Conviene aquí hacer una precisión: El Registro incluye personas desaparecidas y no localizadas, por lo que, jurídicamente, no todos los casos corresponden al delito específico de desaparición forzadas. Aún así, la magnitud del problema es enorme.
En marzo de 2026, el Gobierno federal reconoció 132 mil 534 personas que permanecían con ese estatus. De los registros correspondientes al periodo 2006-2026, decenas de miles presentaban información suficiente para emprender una búsqueda adecuada; además, entre 43 mil 128 casos con datos suficientes pero sin indicios posteriores de actividad de la persona, solo 3 mil 869 contaban entonces con carpeta de investigación. Son números, estadísticas, pero para una familia, significan otra cosa: una silla vacía, llamadas que no llegan, cumpleaños suspendidos y una pregunta que puede durar años: ¿dónde está?
Cuando las familias tuvieron que salir a buscar Ante los retrasos, omisiones y dificultades institucionales, cientos de familias comenzaron a organizarse. Amnistía Internacional calcula que existen más de 230 colectivos de búsqueda en México. En un amplio informe publicado en 2025, la organización recogió las experiencias de más de 600 mujeres buscadoras y documentó amenazas, violencia, estigmatización, afectaciones económicas y graves consecuencias físicas y emocionales derivadas de su labor. Y es que, “buscar”, no es una actividad exenta de peligro.
Una comunicación de expertos de Naciones Unidas publicada en 2026, señalaba que, de acuerdo con estadísticas de organizaciones civiles, al menos 19 personas buscadores habían sido asesinadas desde 2020 y otras 20 habían sobrevivido a intentos de asesinato. Su labor ha permitido localizar fosas, recuperar restos, reconstruir casos olvidados y, sobre todo, impedir que miles de nombres desaparezcan también de la memoria pública. Pero hay algo que estas mujeres repiten constantemente: “ellas no deberían tener que hacer el trabajo del Estado”. ¿Qué están haciendo las autoridades? En los últimos años, el Gobierno de México ha impulsado cambios importantes.
Las reformas promovidas desde 2025 contemplan una Plataforma Única de Identidad, una alerta nacional inmediata ante desapariciones, una Base Nacional de Carpetas de Investigación, mayor conexión con bancos de datos forenses y el fortalecimiento de las comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas. Durante 2026 también se puso en operación un Centro de Mando de la Alerta Nacional, coordinador por la Comisión Nacional de Búsqueda y con participación de distintas dependencias federales, con funcionamiento permanente las 24 horas.
El reto, con todo, ya no está solamente en la creación de instituciones o leyes, bases de datos o protocolos, sino en conseguir que funcionen, se coordinen y produzcan resultados para quienes siguen esperando. Una Iglesia que no mira el dolor desde lejos El mensaje de los obispos mexicanos llega además en un momento significativo. Durante su visita a México a comienzos de agosto, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, se reunió con integrantes del Diálogo Nacional por la Paz. Entre los testimonios que escuchó estuvo precisamente el de una “madre buscadora”.
Etiquetas: México, Desapariciones, Iglesia, Derechos Humanos, México · Desapariciones y fosas
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