DATO DURO
Mariela Quintero Mendoza cumplirá 41 años en el centro penitenciario de Aguaruto, Culiacán. No tiene a nadie con quien festejar: sus tres hijos viven en Mexicali bajo el cuidado de su madre, y la distancia hace imposible las visitas frecuentes. Como ocurre con la mayoría de las mujeres privadas de la libertad, su familia debe elegir entre llevar comida a la mesa o pagar pasajes para verla.
Su caso comenzó en 2017. Mientras reconocía el cuerpo de su hermano —secuestrado y asesinado días antes— las autoridades la detuvieron junto con su expareja, acusados del homicidio de un familiar de él. Sin recursos para defensa privada, se le asignó un abogado de oficio.
CONTEXTO
En mayo de 2018 fue declarada culpable y sentenciada a 29 años. Sin embargo, la apelación reveló inconsistencias. El juez recibió instrucciones de sentenciar conforme a las pruebas, dado que existía una duda razonable que no cuadraba. En marzo de 2019, Mariela fue absuelta y recuperó su libertad.
Cuando salió no tenía nada. Su familia había huido a Mexicali tras el asesinato de su hermano. El 7 de agosto de 2019, mientras preparaba la comida, policías llegaron a su casa. El Ministerio Público había apelado. La reaprehendieron.
CONCLUSIÓN
La segunda sentencia fue de 22 años. Su defensor apeló nuevamente y obtuvo una resolución similar: había duda razonable y se requería otro tipo de sentencia. Los tribunales no atendieron el argumento. Reiteraron la condena.
La evidencia en su contra se reduce al testimonio de una testigo que ha sido desacreditada por sus contradicciones. A pesar de ello, desde agosto de 2019 Mariela permanece en prisión por segunda ocasión, señalada por un delito que niega haber cometido.
Etiquetas: justicia, prisión preventiva, derechos de las mujeres, Sinaloa, defensa pública, debido proceso, Nota roja institucional y fallas de seguridad, Hidalgo
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