El debate sobre la Ley de Transparencia en México se ha extendido más allá de la regulación de criptomonedas para abordar cuestiones de estrategia nacional. Legisladores y ejecutivos están considerando el impacto de las finanzas digitales en la estructura del mercado, los pagos y el poder del Estado. La Ley de Transparencia busca establecer normas para activos digitales, monedas estables, tokenización y sistemas de pago, enfrentando la competencia de jurisdicciones como China y Europa.
Según James E. Thorne, la Ley de Claridad va más allá de una propuesta de regulación financiera y debe ser vista desde la perspectiva de la
El debate también pone de relieve las preocupaciones sobre la dirección que están tomando los sistemas de liquidación basados en blockchain. Los defensores de esta tecnología afirman que los activos digitales, las stablecoins, la tokenización y los sistemas de pago se están convirtiendo en parte de la infraestructura financiera. Sostienen que México debe decidir si quiere influir directamente en el desarrollo de esos sistemas.
La senadora Cynthia Lummis ha expresado una idea parecida, señalando que si el Congreso no toma medidas, China podría dictar las reglas de la nueva era financiera. Lummis argumenta que la Ley de Claridad ayudaría a construir el próximo sistema financiero dominado por el dólar que ha influido en la estabilidad mundial.
El proyecto de ley también aborda las protecciones para los desarrolladores, dejando claro que escribir código no se considera una actividad regulable. La oposición del sector bancario y el calendario electoral podrían retrasar la aprobación de la Ley de Transparencia hasta 2030.
La Ley de Transparencia en México se enmarca en el ámbito de la.
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