La senadora Alma Anahí González Hernández advirtió que la Inteligencia Artificial puede convertirse en una herramienta de manipulación y desinformación si México no establece normas claras sobre su uso en medios y plataformas. Durante el foro “Frecuencia Digital: el futuro de la IA en el periodismo mexicano”, la legisladora de Morena subrayó la urgencia de definir quién responde cuando un contenido generado por algoritmos daña a personas o distorsiona hechos.
González Hernández planteó tres ejes mínimos: obligar a revelar cuándo se empleó IA para crear o editar una pieza, proteger la voz y la imagen de los periodistas, y mantener la responsabilidad editorial sobre lo que se publica. Recordó que una nota, una fotografía o un video pueden ser fabricados por completo con estas tecnologías y simular sucesos que nunca ocurrieron, lo que erosiona la confianza pública.

A pes de que México carece de una ley específica en la materia, la senadora afirmó que ya existen marcos que pueden servir de escudo: protección de datos personales, derechos de
Rolando Rodrigo Zapata Bello, presidente de la Comisión de Análisis y Evaluación sobre IA en México, citó cifras del Instituto Mexicano de la Tecnología que indican que una noticia falsa tiene hasta 70 % más probabilidades de viralizarse que una verdadera. Alertó que los algoritmos no solo organizan la información, sino que en muchos casos la construyen, convirtiéndose en “árbitros de la realidad”.

Luis Donaldo Colosio Riojas, titular de la Comisión de Derechos Digitales, agregó que la automatización de contenidos, la síntesis de voz y la replicación hiperrealista de imágenes rompen el paradigma tradicional de autoría y responsabilidad. Consideró que la profesión periodística enfrenta una disyuntiva: usar la misma tecnología para verificar hechos o permitir que la desinformación se expanda sin control.
Ante estudiantes de periodismo presentes, los legisladores coincidieron en que la próxima legislatura debe presentar una iniciativa de regulación que combine innovación con garantías constitucionales. Advirtieron que cualquier demora profundizará la desigualdad informativa y debilitará la función de control ciudadano que ejerce la prensa.
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