Autores: Saúl Arellano 13 de septiembre de 2026, 10:47 Capítulo IV. La desigual geografía de los derechos sociales Opinión La transformación económica de un territorio puede medirse en fábricas, carreteras, valor agregado, exportaciones, empleos o inversiones… Cargando interacciones… La transformación económica de un territorio puede medirse en fábricas, carreteras, valor agregado, exportaciones, empleos o inversiones. Cada uno de esos indicadores permite reconocer capacidades que antes no existían y seguir la trayectoria mediante la cual una economía modifica su posición dentro de circuitos productivos cada vez más amplios.
Sin embargo, ninguna de esas magnitudes permite responder por sí misma a una pregunta anterior y más exigente: qué sucede con la vida de quienes habitan ese territorio. Entre la capacidad de producir riqueza y la posibilidad de convertirla en educación, salud, seguridad social, vivienda adecuada, alimentación suficiente o años de vida, existe una distancia que no puede ser considerada exterior al desarrollo, porque precisamente en ella se decide para quién y para qué adquiere sentido la riqueza socialmente producida. En los capítulos anteriores esa distancia comenzó a hacerse visible desde diferentes ángulos.
La apertura económica modificó profundamente al Bajío guanajuatense, pero no construyó una región productivamente homogénea. La industrialización creó nuevas centralidades, elevó de manera extraordinaria la productividad de algunos municipios y establecimientos y generó mejores condiciones laborales en una parte del territorio, mientras grandes segmentos de la economía permanecieron vinculados con unidades de baja productividad, mercados informales y capacidades educativas insuficientes.
La observación demográfica agregó después otra dimensión: los municipios integrados dentro de una misma región económica comenzaron a seguir trayectorias poblacionales radicalmente distintas. Mientras Apaseo el Grande creció con una intensidad excepcional y Celaya, Villagrán o Cortazar mantuvieron cierto dinamismo, Salvatierra y Moroleón perdieron población y varios municipios envejecieron mucho más rápidamente que el conjunto estatal.
Al ampliar el análisis a los 46 municipios de Guanajuato se encuentra, además, que la complejidad económica se relaciona con la capacidad de retener población cuando se observa aisladamente, pero pierde casi toda su fuerza explicativa independiente cuando se incorpora la informalidad. La estructura productiva importa, aunque importa sobre todo a través de las relaciones sociales mediante las cuales la población participa en ella. El problema de los derechos lleva este argumento a un terreno diferente, porque obliga a dejar de observar únicamente las capacidades que la economía genera y a examinar aquello en lo que finalmente consiguen convertirse.
Esta modificación de perspectiva posee además una relevancia constitucional específica. El desarrollo, en el orden jurídico mexicano, no está formulado como sinónimo de crecimiento económico. La rectoría estatal prevista en el artículo 25 vincula explícitamente el desarrollo con su carácter integral y sustentable, con la distribución del ingreso y la riqueza, con la dignidad y con el pleno ejercicio de la libertad; el artículo 26 coloca esos fines dentro de la planeación democrática, mientras el artículo primero obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme, entre otros, al principio de progresividad.
Alimentación, salud, educación, vivienda, agua y protección frente a diversos riesgos no pertenecen, por tanto, a una esfera compensatoria que pueda atenderse después de que la economía haya realizado su trabajo. Forman parte de los criterios mediante los cuales el desempeño económico debe ser juzgado. Esta distinción adquiere especial importancia en una región como la que aquí se estudia.
Si el Bajío fuera un territorio estructuralmente aislado de los circuitos de acumulación, con poca inversión, escasa infraestructura y capacidades fiscales prácticamente inexistentes, la persistencia de determinadas carencias podría explicarse en gran medida por la pobreza general de recursos. Pero no es éste el territorio que ha emergido de las últimas décadas.
En varios de sus municipios se han construido algunas de las capacidades productivas y logísticas más importantes de Guanajuato y del país; una parte considerable de su infraestructura ha sido reorganizada para conectar la región con cadenas nacionales y globales; grandes corporaciones han encontrado condiciones suficientes para localizar inversiones de largo plazo, mientras distintos niveles de gobierno han demostrado capacidad para coordinar infraestructura, suelo, promoción económica y servicios requeridos por esos procesos. Precisamente porque esa capacidad de transformación existe, las carencias sociales que permanecen adquieren un significado político distinto.
Etiquetas: derechos sociales, desarrollo económico, desigualdad territorial, Guanajuato, Bajío, informalidad laboral, envejecimiento poblacional, Health Tech · Biotech, longevidad y bioética
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