Un fallo judicial en Estados Unidos ha puesto fin a una medida de la administración Trump. El juez federal de distrito Leo Sorokin, en Boston, anuló la tarifa de 100 mil dólares que se impuso a las nuevas visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente cualificados. Sorokin concluyó que la medida constituía un impuesto sin la autorización del Congreso.
La demanda fue presentada por los fiscales generales demócratas de 20 estados, quienes cuestionaron la legalidad de la medida anunciada por Trump en septiembre. Esta tarifa elevaba significativamente el costo para empresas y empleadores estadounidenses al contratar trabajadores extranjeros especializados.
El programa de visas H-1B se utiliza principalmente en tecnología, ingeniería, medicina e investigación científica.
El juez argumentó que el impuesto solo puede ser creado por el Congreso y no por el Poder Ejecutivo, por lo que tanto el Departamento de Estado como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) carecían de autoridad para aplicarla. Este no es el único desafío legal a las políticas migratorias del gobierno de Trump.
Otros jueces han revocado políticas que dificultaban la permanencia de inmigrantes en el país. El magistrado John McConnell Jr. criticó que la política lanzada tras un ataque a la Guardia Nacional arrojaba las vidas de inmigrantes a un limbo legal indeterminado y acusaba al Uscis de ignorar la ley.
McConnell argumentó que el Uscis se atribuye autoridad que no tiene, toma decisiones sin razones justificadas y actúa sin considerar los intereses de los solicitantes. La suspensión de la emisión de visas de inmigrante a 75 países es otro aspecto de las políticas migratorias actuales en Estados Unidos.
Etiquetas: Estados Unidos, Política, Economía, Visas, Trabajadores extranjeros, EEUU · Política y economía
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