La Audiencia Nacional imputó formalmente a José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y delitos conexos dentro de la causa Plus Ultra. El juez instructor, José Luis Calama, lo citó a declarar el próximo 2 de junio y levantó el secreto de sumario que pesaba sobre el expediente desde marzo.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ejecutó registros en el despacho del expresidente y en tres empresas vinculadas para recolectar documentación que avale las acusaciones.
Los investigadores sospechan que Zapatero participó en una red de sociedades instrumentales y testaferros destinada a blanquear dinero procedente de comisiones ilegales obtenidas en España, Venezuela y China.

El caso se centra en los 530 000 euros que, según admitió el propio Zapatero en el Senado, percibió entre 2015 y 2021 por asesorar a Análisis Relevante SL, compañía propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez, detenido en la misma operación.
Detectives de la UDEF investigan si, a través de esa sociedad, el expresidente pudo haber recibido el 1 % del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno español otorgó a Plus Ultra en 2021. Las hijas de Zapatero también fueron contratadas por Análisis Relevante a través de su mercantil Whathefav SL, hecho que amplía el foco sobre el entramado familiar.
La causa llegó a la Audiencia Nacional tras tres meses de instrucción en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que consideró que el asunto había adquirido “una nueva dimensión” penal. Con esta imputación, Zapatero se convierte en el primer jefe de Gobierno de la democracia española formalmente investigado por delitos de corrupción.
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