DATO DURO
La Administración General de Recaudación número 3, con sede en Jalisco, determinó que Marlaya SA de CV adeuda más de 29 mil millones de pesos al fisco. La resolución se emitió el 18 de febrero de 2026 y expone el tamaño de una red de contrabando de combustible que operaba bajo protección de mandos de la Marina.
El caso emergió tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tampico en marzo de 2025. Aquella operación destapó una extensa red de huachicol que las autoridades vinculan con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde entonces, investigaciones periodísticas han documentado la escala del desfalco.
El monto supera cuatro veces lo defraudado en La Estafa Maestra durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y duplica el daño documentado en el caso Segalmex del gobierno de López Obrador. Con esos recursos se podrían construir 42 hospitales generales de zona o 134 unidades de medicina familiar del IMSS.

Marlaya fue constituida en noviembre de 2016 en Guadalajara con un objeto social deliberadamente amplio. No fue hasta mayo de 2018 que amplió su actividad a la comercialización de hidrocarburos, según consta en documentos mercantiles.
CONTEXTO
En esa asamblea participó Aldo Ignacio Ulloa Temblador como delegado. El mismo nombre aparece como representante de Mefra Fletes, empresa involucrada en dos mega decomisos de 18 millones de litros de huachicol realizados en marzo de 2025 en Tampico y Ensenada.
Ulloa Temblador también fungió como representante de Mefra Fletes en la asamblea de marzo de 2019, cuando José Isabel Murguía Santiago se integró como administrador único. Murguía Santiago es hermano del ex alcalde de Teuchitlán, actualmente preso.

CONCLUSIÓN
La estructura de la red revela cómo empresas de fachada se articulan con operaciones logísticas de gran escala. El contrabando de combustible no solo implica sustracción de ductos, sino un aparato de comercialización que requiere documentación fiscal, transporte marítimo y protección institucional.
La participación de elementos de la Marina en la protección de estas operaciones plantea interrogantes sobre la integridad de instituciones encargadas de la
La resolución del SAT contra Marlaya representa una de las mayores determinaciones de adeudo en la historia reciente del país. Sin embargo, la recuperación efectiva de los recursos y la sanción de los responsables siguen pendientes de verificación en los tribunales.
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