Un grupo de ciudadanos que promueve una demanda colectiva para evitar la siembra de maíz genéticamente modificado en México ha denunciado presuntas irregularidades en tribunales federales durante la segunda instancia del juicio. Han solicitado al Poder Judicial de la Federación (PJF) que asegure la continuidad del litigio con imparcialidad y sin demora. Las organizaciones y personas involucradas señalan que el proceso de apelación, en curso desde hace casi tres años, ha sufrido actuaciones que han retrasado la resolución del caso. Estas observaciones se expusieron en el Informe semestral de la demanda colectiva maíz número 26, fechado el 5 de julio.
El juicio es uno de los procesos ambientales y agrícolas más largos en México, con el objetivo de determinar si se debe mantener la prohibición de la siembra comercial de maíz genéticamente modificado. Este tema abarca la protección de la biodiversidad, la producción agrícola y la

Los promoventes piden que el Poder Judicial garantice que el juicio continúe sin nuevos obstáculos procesales y que las resoluciones se emitan respetando los principios de legalidad, imparcialidad y acceso a la justicia. A la fecha, los tribunales involucrados no han emitido una postura pública sobre las acusaciones presentadas en el informe.
La acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico fue presentada en 2013 por ciudadanos, científicos, campesinos y organizaciones civiles. Desde entonces, el proceso ha pasado por diversas etapas judiciales y ha dado lugar a medidas cautelares que, en momentos, limitaron la liberación comercial de semillas genéticamente modificadas mientras se resuelve el fondo del asunto.

El caso enfrenta posiciones encontradas entre organizaciones que buscan preservar la diversidad genética del maíz nativo y empresas que promueven el uso de organismos genéticamente modificados para la producción agrícola. La resolución definitiva del juicio podría influir en la política agrícola y ambiental del país, definiendo el alcance de la protección jurídica del maíz nativo y las condiciones para la autorización de cultivos genéticamente modificados en territorio nacional. El proceso se encuentra en etapa de segunda instancia y aún no hay una resolución definitiva sobre el fondo del litigio.
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