La Fiscalía General de España propone reformar el Código Penal para que la suplantación de identidad en redes sociedad y la vigilancia electrónica sean delitos autónomos, ante el auge de estafas, acoso y violencia de género mediados por tecnologías de inteligencia artificial.
Elvira Tejada, fiscal coordinadora de Criminalidad Informática, informó que los procedimientos judiciales por ciberdelitos crecieron 43% entre 2021 y 2025, mientras que los casos conocidos por las fuerzas de
La figura de “suplantación de identidad” solo se castiga cuando hay estafa o acoso penalmente relevante. Si alguien finge ser otra persona para engañar, dañar la reputación o manipular información sin causar un perjuicio económico mensurable, la acción queda impune.

La Fiscalía pide que ese vacío se cubra con una nueva tipificación que alcance también a los deepfakes usados para crear contenido falso que parezca proceder del afectado, práctica que se populariza en campañas de desinformación y chantaje.
Otra conducta que busca sancionar es la “vigilancia electrónica”: instalar aplicaciones rastreadoras o balizas en teléfonos ajenos para monitorear ubicación, mensajes o llamadas. El fenómeno se detecta con creciente frecuencia en contextos de violencia de género, alertaron las autoridades.
Además, Elvira Tejada señaló la expansión del “crime as a service”, es decir, organizaciones que venden en la internet profunda herramientas de hackeo, robos de datos o servicios de spam masivo. Al tratarse de actividades “preparatorias”, la respuesta penal española es limitada.

La dificultad para perseguir estafas online de pequeña cuantía —por debajo de los umbrales que justifican un proceso largo— llevó a la Fiscalía a probar mecanismos de acumulación de casos. Coordinar investigaciones permite alcanzar montos y penas que hagan viable la persecución judicial.
En México, especialistas en derecho digital han advertido sobr
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