DATO DURO
La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, anunció que la institución cuenta con elementos suficientes para imputar el delito de doble homicidio culposo por la muerte de Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández durante el festival Axe Ceremonia en abril de 2025.
El colapso de una estructura metálica sostenida por una grúa en el Parque Bicentenario causó la tragedia que cobró la vida de ambos fotoperiodistas. Casi un año después, el proceso judicial no ha celebrado su audiencia inicial debido a recursos legales interpuestos por asesores jurídicos de una de las partes, según denunció la propia fiscal.
Alcalde señaló que dichos abogados habrían dilatado deliberadamente el procedimiento. Además, reveló que la Fiscalía investiga si estos mismos letrados representan simultáneamente a una de las víctimas y a una de las empresas que se pretenden imputar, lo que plantea un posible conflicto de intereses.

La ruta de investigación se mantiene en la vía penal tras consulta con las familias de las víctimas. La funcionaria descartó que exista presión política capaz de desviar el caso, aunque reconoció los intentos de demora procesal.
CONTEXTO
Las imputaciones se estructuran en tres niveles de responsabilidad. El primero recae sobre las personas y la empresa que colocaron físicamente la grúa en el recinto. El segundo nivel apunta a la empresa organizadora del festival, que contrató el servicio y omitió cumplir el plan de protección civil autorizado.
El tercer nivel responsabiliza a la empresa que presentó la solicitud del plan de protección civil y permitió el ingreso de las estructuras al evento sin las verificaciones correspondientes. Esta cadena de omisiones habría configurado las condiciones para el accidente.

CONCLUSIÓN
A solicitud de la representación de una de las víctimas, se investigó a empresas patrocinadoras y prestadoras de servicios adicionales. Sin embargo, la autoridad determinó que no existen elementos para imputarlas, al no acreditarse su vinculación directa con la instalación de la grúa o el incumplimiento del plan de
La familia de Miguel Ángel Rojas Hernández denunció el 17 de marzo una estrategia sistemática para impedir la audiencia inicial mediante la interposición recurrente de recursos jurídicos. La fiscal validó esta percepción al confirmar los retrasos en la calendarización del procedimiento.
El caso expone fallas estructurales en la supervisión de eventos masivos en la capital, donde la coordinación entre autoridades, organizadores y contratistas de equipamiento dejó vacíos de.
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