DATO DURO
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que investiga la posible responsabilidad penal de autoridades por el derrumbe del inmueble de San Antonio Abad 124, donde murieron tres trabajadores el 9 de marzo pasado. La titular de la institución, Bertha Alcalde, señaló que la indagatoria abarca desde fallas técnicas en la demolición hasta omisiones en la supervisión gubernamental.
La investigación se desarrolla en medio de una disputa entre niveles de gobierno. El gobierno central, encabezado por Clara Brugada, atribuye la supervisión a la alcaldía Cuauhtémoc. Esta última, gobernada por Alessandra Rojo de la Vega, sostiene que la autorización provino de instancias capitalinas mediante un esquema de "facilidades administrativas".
Durante su primer informe mensual, Alcalde precisó que peritos ingenieros elaboran un dictamen técnico sobre el método de derribo progresivo empleado por la empresa. Hasta el momento se sabe que la compañía tenía el control de la demolición, por lo que se examina si existieron errores en su ejecución.
CONTEXTO
Además de las fallas técnicas, la fiscal destacó otras líneas de investigación: posibles incumplimientos en medidas de
Contexto político
Alcalde aclaró que la indagatoria busca determinar si las omisiones detectadas tienen vinculación causal con el siniestro. "Estamos hablando de responsabilidad penal, no es responsabilidad administrativa", subrayó, lo que implica consecuencias jurídicas más graves para los servidores públicos involucrados.
El esquema de facilidades administrativas mencionado por la alcaldía deriva de la política de reconstrucción tras los sismos de 2017. Este mecanismo, aplicado al inmueble colapsado, habría permitido agilizar trámites bajo coordinación de dependencias centrales, según la versión de la demarcación.
CONCLUSIÓN
La disputa por las atribuciones de supervisión ha generado un vacío en la rendición de cuentas. Mientras ambas administraciones se responsabilizan mutuamente, las familias de los fallecidos esperan que la investigación fiscal determine quiénes omitieron las salvaguardas que pudieron evitar la tragedia.
La fiscal reiteró que la indagatoria es "muy rigurosa" y que se agotarán todas las líneas antes de determinar responsabilidades. El caso pone en evidencia las grietas en la coordinación intergubernamental para la supervisión de obras en la capital.
Etiquetas: derrumbe, San Antonio Abad, Fiscalía CDMX, responsabilidad penal, Clara Brugada, Alessandra Rojo de la Vega, infraestructura pública, supervisión de obras
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