CIUDAD DE MÉXICO, 24FEBRERO2023.- Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, en compañía de su hija Mariana Moguel acudieron al Reclusorio Sur para conocer el fallo sobre el proceso penal que se le sigue por el ejercicio indebido del servicio publico, así como su responsabilidad en la conocida “Estafa Maestra”. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
DATO DURO
La Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación impugnaron la absolución de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La resolución judicial que la liberó el 24 de febrero de 2023 fue apelada el 1 de marzo y el 28 de febrero, respectivamente.
El abogado Epigmenio Mendieta confirmó que las impugnaciones fueron presentadas ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. Este órgano había determinado que Robles debió enfrentar un proceso administrativo en lugar de uno penal, lo que motivó su liberación.
Tanto la fiscalía como la auditoría buscan que un tribunal de apelación revise la decisión del juez Omar Paredes. El tribunal podría revocar la absolución o confirmarla. Desde el día de la liberación, la fiscalía anunció que también interpondría queja y procedimiento penal contra el juez, al considerar que actuó en contra de la ley.
CONTEXTO
Rosario Robles es la única alta funcionaria del gobierno anterior procesada por los desvíos de La Estafa Maestra. Este esquema, documentado por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, involucró la malversación de más de 7 mil 600 millones de pesos.

Contexto político
La resolución que la absolvió no analizó el destino de los recursos desviados, sino únicamente la naturaleza administrativa versus penal de la responsabilidad de la exfuncionaria. Este punto distingue la postura judicial de la de las instituciones de fiscalización.
CONCLUSIÓN
La exsecretaria difundió un documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, según ella, señala violaciones a su derecho a la presunción de inocencia por parte del titular de la fiscalía. La CNDH habría remitido el caso a la Cámara de Diputados en septiembre de 2022.
El caso mantiene en suspenso la posibilidad de que Robles enfrente consecuencias penales por su participación en uno de los esquemas de corrupción más documentados del sexenio pasado. La decisión del tribunal de apelación definirá si el proceso continúa o concluye definitivamente.
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