La extradición no es un trámite diplomático ni un espectáculo mediático: es la decisión de poner a una persona bajo la jurisdicción de otro país y, por tanto, una prueba de seriedad institucional.
En un mundo donde la delincuencia organizada cruza fronteras, la cooperación internacional es necesaria para evitar que éstas se conviertan en refugios de impunidad. El debate no es si debe existir la extradición, sino bajo qué reglas opera.
Desde febrero de 2025, México entregó a Estados Unidos a 92 personas consideradas líderes y operadores del narcotráfico en tres operativos masivos sin procedimiento formal que justificara su traslado, según la abogada Laura Rodríguez Macías. La única condición impuesta fue que no se les aplicara la pena de muerte.
Esta práctica exhibe cómo la actual administración sacrifica garantías básicas en aras de objetivos políticos. La defensa de la soberanía no implica negarse a colaborar, sino cooperar sin renunciar a los principios constitucionales.
Sin embargo, cuando se extradita sin controles, se vulneran principios esenciales: la doble incriminación, la especialidad y la prohibición de entregar a alguien si existe riesgo de tortura o pena de muerte.
El caso de los funcionarios sinaloenses, como Rocha Moya, muestra cómo se manipula la conversación pública para presentar la extradición como sinónimo de condena o pérdida de soberanía. No lo es. Es un mecanismo jurídico que debe someterse a controles, no a conveniencias políticas.
La legitimidad de la extradición depende de que combine eficacia contra la impunidad con respeto irrestricto al debido proceso y a los derechos humanos. De lo contrario, se convierte en una deportación disfrazada de justicia.
Etiquetas: extradición, derechos humanos, cooperación internacional, debido proceso, soberanía, justicia, México, Estados Unidos
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