Un juez de Tegucigalpa dictó sobreseimiento definitivo al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en el caso por fraude y lavado de activos conocido como Pandora II. Con esta decisión queda cerrada la investigación que se abrió en 2023 por el supuesto desvío irregular de unos 10,8 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando Hernández presidía el Parlamento hondureño.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, confirmó que se extenderá carta de libertad definitiva al exmandatario y que quedan sin valor las medidas dictadas anteriormente para que se defendiera en libertad. Las partes procesales fueron notificadas y pueden interponer recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del circuito de Criminalidad Organizada.
Hernández regresó a Honduras el pasado 26 de julio tras ser indultado el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense Donald Trump. En 2024 había sido condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico, pena que cumplía cuando recibió el indulto.
La defensa del expresidente logró que se admitieran 31 medios de prueba documentales. Su argumento central fue que las determinaciones investigadas correspondían al periodo en que fue presidente del Parlamento (2010-2014), no del Ejecutivo (2014-2022). La Fiscalía, por su parte, presentó 16 pruebas documentales, un testigo y realizó tres pericias.

El caso también salpicó a exfuncionarios y al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quienes igualmente fueron sobreseídos. Los fondos investigados habrían servido para financiar la campaña electoral de Hernández.
El exmandatario declaró ante seguidores en Gracias, Lempira, que confiaba en que se hiciera "justicia". Sostuvo que en las comparecencias judiciales quedó demostrada la falta de evidencias en su contra y que los propios testigos de la Fiscalía no encontraron "trazabilidad de dinero" que hubiera quedado en sus manos.
Hernández gobernó dos periodos consecutivos. El segundo, de 2018 a 2022, se realizó tras una controvertida interpretación de magistrados del Supremo en 2015 que le permitió buscar la reelección, pese a que la Constitución hondureña no la permite. Ganó los comicios de 2017 entre múltiples denuncias de fraude por parte de la oposición.
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