Un juez mexicano ha ordenado el procesamiento del exgobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, por su presunta participación en la desaparición forzada de personas relacionadas con el caso de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, quienes desaparecieron en septiembre de 2014. La decisión se toma seis días después de la detención de Aguirre, un evento que ha sacudido al estamento político mexicano y ha vuelto a poner en el centro de atención este caso emblemático de la crisis de desapariciones en México, con más de 134.000 personas desaparecidas hasta la fecha.
El exgobernador, quien es uno de los exfuncionarios de más alto rango detenidos en este caso, fue vinculado a proceso bajo la hipótesis de haber ocultado información de alta relevancia para las investigaciones, según informó la Fiscalía General de México. El juez ratificó la prisión preventiva de Aguirre, quien permanecerá recluido en el penal federal de máxima

Ángel Aguirre dirigió Guerrero de 2011 a octubre de 2014, un mes después de los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala entre el 26 y 27 de septiembre. A casi doce años del crimen, no está claro ni el móvil ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos y se presume que fueron asesinados por miembros de un cártel que actuó coludido con autoridades locales, estatales y federales.

La fiscalía mexicana sostiene que el exgobernador habría participado en el ocultamiento de videos que pudieron haber registrado los hechos. Durante la audiencia inicial, la defensa de Aguirre objetó los señalamientos del Ministerio Público, alegando que el entonces gobernador no se encontraba en Guerrero cuando presuntamente recibió las grabaciones y ordenó su destrucción, sino que estaba en la Ciudad de México.

Ángel Aguirre, exmilitante del Partido de la Revolución Democrática, fue arrestado el 6 de agosto en el Estado de México por funcionarios federales. Su detención ocurrió casi cuatro años después del arresto del exprocurador federal Jesús Murillo Karam, otro alto exfuncionario procesado en el caso. Murillo Karam enfrenta acusaciones de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.
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