Un juez mexicano ordenó el procesamiento del exgobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, por su presunta participación en la desaparición forzada de personas relacionadas con el caso de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, quienes desaparecieron en septiembre de 2014.
La decisión se da seis días después de la detención de Aguirre, un evento que sacudió al estamento político mexicano y volvió a poner el foco de atención en el caso, el más representativo de la crisis de desapariciones en México. Más de 134. 000 personas están desaparecidas hasta la fecha.
El exgobernador, uno de los exfuncionarios de más alto rango detenido por el caso, fue vinculado a proceso bajo la hipótesis de haber ocultado información de alta relevancia para las investigaciones, según la Fiscalía General de México.

El juez ratificó la prisión preventiva de Aguirre, quien permanecerá recluido en el penal federal de máxima Ángel Aguirre dirigió Guerrero de 2011 a octubre de 2014, un mes después del crimen ocurrido en la ciudad de Iguala entre el 26 y 27 de septiembre.
A casi doce años del hecho, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de los jóvenes y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel local que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de La fiscalía mexicana sostiene que el exgobernador habría participado en el ocultamiento de los videos que pudieron haber registrado los hechos.

Durante la audiencia inicial, la defensa de Aguirre objetó los señalamientos del Ministerio Público alegando que el entonces gobernador no se encontraba en Guerrero cuando presuntamente recibió las grabaciones y ordenó su destrucción, sino que estaba en la Ciudad de México.
Ángel Aguirre, exmilitante del Partido de la Revolución Democrática, fue apresado el 6 de agosto en el Estado de México por funcionarios federales. Su detención se da a casi cuatro años del arresto del exprocurador federal Jesús Murillo Karam, otro de los altos exfuncionarios procesados por el caso.

Murillo Karam enfrenta acusaciones de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. El mes pasado un juez le levantó la medida y ordenó el uso del grillete electrónico y restricciones de movilidad a Murillo Karam.
Este caso pone de relieve la gravedad de la crisis de desapariciones en México y la necesidad de rendición de cuentas por parte de las autoridades involucradas.
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