El gobierno de Donald Trump solicitó el 28 de abril la detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de nueve funcionarios y exfuncionarios de su administración, acusados de crear un “narcogobierno” que protege al Cártel de Sinaloa. La demanda, dada a conocer ayer, fue presentada ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York el 23 de abril.
Se trata del primer mandatario estatal en funciones requerido por Estados Unidos por delincuencia organizada. La acusación señala que Rocha Moya se reunió en junio de 2021 con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, “Los Chapitos”, para asegurar el aporte electoral del cártel a cambio de impunidad futura.
Según la fiscalía, el acuerdo incluyó intimidación de rivales, robo de boletas y entrega de nombres y domicilios de candidatos opositores. A Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, se le atribuye haber proporcionado esa información a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El gobernador también es señalado como responsable del asesinato de Alexander Meza Leon, colaborador de la DEA. La red de protección habría permitido la entrada de droga y armas a Estados Unidos desde Sinaloa, con pagos mensuales de hasta 300 mil pesos a mandos policiacos.
Ent los requeridos figuran el senador Enrique Inzunza; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal Dámaso Castro; y los exmandos de
El embajador estadounidense, Ronald Johnson, advirtió que la corrupción que beneficia al crimen organizado será perseguida “en todos los casos en que aplique la jurisdicción de Estados Unidos” y reiteró la disposición de colaborar con autoridades mexicanas para garantizar rendición de cuentas.
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