La estrategia antidrogas de la administración Trump ha tomado un giro hacia la persecución de políticos mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha acusado a los cárteles de utilizar ganancias ilícitas para financiar campañas políticas en México, con el fin de elegir candidatos que protejan sus intereses.
En el último año, visas han sido revocadas a funcionarios de alto nivel, incluyendo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a varios alcaldes. La administración ha presentado cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por permitir operaciones de narcotraficantes a cambio de sobornos.
Ambos, militantes del partido Morena, han negado cualquier irregularidad. Este cambio de enfoque representa una ruptura con la práctica de manejar disputas bilaterales de manera discreta.
La estrategia de Donald Trump incluye la designación de cárteles como organizaciones terroristas, el bombardeo de embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico, y una mayor capacidad para procesar a políticos colaboradores con el crimen organizado.
Decenas de figuras de alto nivel de los cárteles han sido extraditadas a Estados Unidos en los últimos dos años, y analistas especulan que podrían revelar información sobre sobornos a políticos para reducir sus sentencias.
Esta política está tensando las relaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido Morena, que tiene mayoría en el Congreso y controla casi tres cuartas partes de las gubernaturas del país.
Tradicionalmente, Estados Unidos otorgaba a México mucha autonomía política doméstica para garantizar estabilidad en un vecino dispuesto a cooperar en temas de interés común.
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