Un estudio reciente de la Universidad Iberoamericana, titulado 'Who Pays Bribes? Gender, Education, and Petty Corruption in Mexico, 2011–2023', ha arrojado luz sobre las diferencias de género en el pago de sobornos en México. Se encontró que, aunque los hombres reportan una mayor probabilidad de haber pagado sobornos, esto no se traduce en una conclusión de que los hombres sean más corruptos que las mujeres.
El estudio, realizado por Heidi J. Smith y Alejandra Villegas, analizó datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2011 a 2023 para identificar factores asociados con el pago de sobornos durante trámites y servicios públicos. Se descubrió que alrededor de 12 hombres por cada 100 reportan haber pagado un soborno, en comparación con aproximadamente cinco mujeres por cada 100.

La investigación también cuestiona la idea de que la presencia de más mujeres en cargos públicos disminuiría la corrupción cotidiana, ya que no se encontró evidencia de que la paridad de género en gobiernos municipales tenga un efecto directo en la reducción de sobornos. Smith aclara que esto no es un desafío a la política de paridad, sino que muestra que la representación política y las estrategias anticorrupción abordan problemas distintos.

Otro hallazgo inesperado fue que las personas con educación universitaria reportan una mayor probabilidad de pagar sobornos, lo que contradice parte de la literatura previa sobre corrupción. Smith señala que es necesario profundizar en futuros estudios para entender los factores detrás de esta asociación.
El estudio sugiere que para reducir la corrupción de ventanilla, es necesario simplificar los trámites administrativos, disminuir la discrecionalidad de los funcionarios y aumentar el conocimiento sobre el uso de servicios públicos por parte de distintos sectores de la población.

Smith insiste en que los resultados deben entenderse como un primer análisis exploratorio que abre nuevas líneas de investigación, más que como una explicación definitiva sobre las diferencias de género frente a la corrupción o una base para diseñar políticas públicas específicas.
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