Un estudio reciente de la Universidad Iberoamericana, titulado 'Who Pays Bribes? Gender, Education, and Petty Corruption in Mexico, 2011–2023', dirigido por Heidi J. Smith y Alejandra Villegas, ha arrojado luz sobre las diferencias de género en el pago de sobornos en México. Se encontró que, aunque los hombres reportan una mayor probabilidad de haber pagado sobornos que las mujeres, esto no implica necesariamente que los hombres sean más corruptos. La investigación se basó en datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2011 a 2023 para identificar factores asociados con el pago de sobornos durante trámites y servicios públicos.
El estudio reveló que alrededor de 12 hombres por cada 100 reportan haber pagado un soborno, en comparación con aproximadamente cinco mujeres por cada 100. Esto podría reflejar una mayor interacción de los hombres con procedimientos administrativos del Estado, como oficiales, policías, permisos y derechos de propiedad. La académica responsable señaló que el estudio no permite determinar si existen diferencias culturales o de comportamiento asociadas al género en el pago de sobornos, sino que identifica una relación entre género y exposición a espacios de corrupción.
Además, los resultados desmenten la idea de que una mayor presencia de mujeres en cargos públicos disminuiría la corrupción cotidiana. La investigación no encontró evidencia de que la paridad de género en gobiernos municipales tenga un efecto directo en la reducción de los sobornos. Smith aclaró que esto no cuestiona la política de paridad, sino que muestra que la representación política y las estrategias anticorrupción abordan problemas distintos.

Otro hallazgo inesperado fue que las personas con educación universitaria reportan una mayor probabilidad de pagar sobornos, lo que contradice parte de la literatura previa sobre corrupción. Smith indicó que es necesario profundizar en futuros estudios para entender los factores detrás de esta asociación.
Para reducir la corrupción, la investigadora sugiere simplificar los trámites administrativos, disminuir la discrecionalidad de los funcionarios y generar mayor conocimiento sobre la forma en que distintos sectores de la población utilizan los servicios públicos. El estudio representa un primer análisis exploratorio que abre nuevas líneas de investigación en el campo de la corrupción y su relación con el género en México.
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