Este lunes, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la Ley de Estado de Excepción tras su aprobación en el Senado y en la Cámara de Diputados. Paz justificó la medida con acusaciones de narcoterrorismo en relación con la rebelión obrera, indígena, campesina y popular que ha azotado al país durante más de un mes.
A pesar de la promulgación, Paz abrió la posibilidad de un nuevo canal de diálogo, una propuesta que ha sido rechazada en múltiples ocasiones y que fue desestimada en un cabildo abierto en El Alto. En todo Bolivia, al menos 90 bloqueos se mantienen exigiendo la renuncia del presidente.
En los últimos días, se ha incrementado la persecución y detención de líderes de diversos sectores, incluyendo a cinco líderes de la Central Obrera Boliviana (COB). La Iglesia también ha sido presionada para que persuade a los manifestantes a levantar los bloqueos, con la amenaza de una represión sin límites si no lo hacen.

En San Julián, la policía y militares, junto con la Unión Juvenil Cruceñista, intentaron levantar un bloqueo con un ataque violento, pero fueron rechazados por la resistencia popular, lo que resultó en la incendiadura de la comisaría local. Este episodio demuestra que la represión directa puede radicalizar las protestas a un nivel sin precedentes en Bolivia.
La Liga Obrera Revolucionaria (LOR-CI) ha condenado el estado de excepción y ha llamado a la coordinación y unión de los sectores en lucha para enfrentar la represión y satisfacer las demandas de los manifestantes.
La movilización popular ha impedido la estabilización de la situación por parte de Paz, pero se hace necesario un incremento en la coordinación y fuerza de la movilización para avanzar. La COB debe convocar una huelga general efectiva con paralización de labores para resistir el golpe de Estado que se avecina.
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