Rosa Quintana, cuarta por la derecha, con algunos de los representantes de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP que acudieron al Pleno del CGCEE. El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, a través de su diputada Rosa Quintana, ha exigido una transformación radical en la relación institucional que España mantiene con su diáspora, reclamando de manera urgente una auténtica visión de Estado que ponga fin a la consideración de los emigrantes y sus descendientes como “ciudadanos periféricos”.
Durante su intervención ante el V Pleno del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, celebrado en Madrid del 25 al 27 de mayo, la parlamentaria desgranó las a su juicio profundas deficiencias normativas y de gestión que afectan a millones de compatriotas residentes fuera de las fronteras del país, abogando por reformas estructurales de calado tanto en materia de adquisición de la nacionalidad como en los derechos de participación política y en el diseño de planes de retorno eficaces y dotados de recursos.
Quintana comenzó poniendo en valor la trascendencia del CGCEE, definiéndolo como un órgano que representa la voz viva de una comunidad que ha cambiado profundamente en las últimas décadas. La realidad actual de la emigración ya no responde únicamente al perfil clásico del trabajador que partió hace décadas, sino que engloba a nuevas generaciones de descendientes, jóvenes profesionales altamente cualificados, familias mixtas y personas mayores que mantienen intactas sus raíces e identidad colectiva.
A juicio de la diputada, las respuestas institucionales ofrecidas hasta la fecha no han sabido evolucionar a la misma velocidad que esta transformación sociológica, resultando parciales, lentas y claramente insuficientes para dar cobertura a las demandas de la población española en el extranjero. El principal exponente de este desajuste administrativo se localiza en la gestión de la nacionalidad, donde la aplicación de la Ley de Memoria Democrática (LMD) ha evidenciado, según la representante del Partido Popular, las severas limitaciones del modelo actual.
Los datos aportados durante el pleno revelan un desfase de proporciones colosales entre la demanda de la ciudadanía y la capacidad de resolución de la administración, señaló Quintana, registrándose más de 2,45 millones de solicitudes de nacionalidad y más de 1,2 millones de expedientes ya iniciados y pendientes de resolver. De toda esa ingente cantidad de procesos, únicamente 320. 000 solicitudes han logrado culminar de manera satisfactoria su inscripción en el Registr
Etiquetas: México · Colapsos e infraestructura fallida
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