En México, el gobierno de Morena ha aprovechado la presión de Estados Unidos para consolidar su poder. Utilizando la extradición de políticos acusados de narcotráfico, Morena ha cerrado filas y ahora tiene la capacidad de anular elecciones. No contento con el control del Poder Legislativo y Judicial, Morena ha extendido su influencia al INE y al Tribunal Electoral. Las reformas constitucionales recién publicadas permiten anular elecciones por injerencia extranjera, determinada por un tribunal controlado por Morena.
Ariadna Montiel, quien anunció la celebración de asambleas y visitas a domicilio para informar sobre la injerencia extranjera, no ha aclarado si serán realizadas por servidores públicos o militantes del partido. Este nacionalismo se utiliza como un recurso electoral, a pesar de que las encuestas no reflejan un gran apoyo. La defensa de políticos acusados de colusión con el narcotráfico es parte de una estrategia de supervivencia gubernamental.
El gobierno busca resistir presiones para evitar la entrega de políticos como Rocha, Durazo y Villarreal. La entrega de cualquiera de ellos pondría en peligro la popularidad del gobierno y podría tener consecuencias electorales significativas. Morena ha convertido un tema de justicia en uno electoral, utilizando la extradición como arma política.
El riesgo para Morena es real, ya que la entrega de políticos podría desacreditar a sus rivales y poner en duda su lucha contra el narcotráfico. La presión de Estados Unidos se utiliza como justificación para aprobar medidas que disminuyen la posibilidad de perder el poder. La situación actual refleja un uso estratégico del nacionalismo y la soberanía para mantener el control político en manos de Morena.
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