El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, ha tomado la decisión de cambiar el nombre de Lake Ontario, un lago compartido con Canadá, a Lake America mediante una orden ejecutiva. Esta acción se produce en el de una intensa confrontación comercial entre ambos países.
Canadá enfrenta impuestos del 50% sobre ciertos productos por parte de Estados Unidos, a lo que Ottawa ha respondido con contramedidas que incluyen impuestos entre el 15% y el 50% sobre importaciones estadounidenses por un valor de aproximadamente 20.000 millones de dólares. Además, Canadá ha implementado un paquete de apoyo para las empresas y trabajadores afectados por estas medidas.
La estrategia de Trump parece ser la de utilizar la asimetría económica entre EE. UU. y Canadá para forzar una dependencia mutua que resulte en subordinación. Sin embargo, la estructura de los aranceles revela una contradicción, ya que EE. UU. también necesita buena parte de lo que compra de Canadá, lo que impide golpes indiscriminados.

Washington debe estratégicamente decidir dónde hacer más costosa la interdependencia sin destruir la de la que también depende EE. UU. El problema fundamental es que, aunque EE. UU. sigue siendo la potencia dominante, ya no tiene la capacidad ilimitada de imponer sus condiciones sin pagar un precio.
El gesto simbólico de cambiar el nombre de un lago no modifica la realidad de quién controla sus aguas, ni transforma las relaciones comerciales, ni reduce el déficit estadounidense, ni fortalece las cadenas de suministro. La realidad económica impone límites y, en este caso, se manifiesta en un acto que puede interpretarse como una forma de impotencia política.
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