En el año sin el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la información pública sobre fosas clandestinas en México ha disminuido tanto en cantidad como en calidad. Un informe titulado 'Enterrar la verdad.
Opacidad en la calidad de la información sobre fosas en México', elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Data Cívica y ARTICLE 19, destaca esta situación. Se analizó la respuesta a solicitudes de información dirigidas a las 32 fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República (FGR).
Las respuestas de buena calidad cayeron de 57. 6% en 2024 a 39. 3% en 2025, mientras que las respuestas deficientes aumentaron de 27. 3% a 39. 3%. Ocho fiscalías que habían proporcionado información en 2024 dejaron de hacerlo en 2025.
La reforma constitucional que extinguió al INAI fue presentada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y aprobada durante la administración de Claudia Sheinbaum. Las atribuciones del INAI fueron trasladadas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a su órgano Transparencia para el Pueblo.
Aunque el informe no demuestra una causa directa, advierte que el acceso a la información sigue dependiendo de la voluntad política y de los criterios discrecionales de las autoridades.
La Ley General en Materia de Desaparición establece la creación de un Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, pero este registro no cuenta con una versión pública, completa y accesible. El porcentaje de fiscalías estatales que respondieron las solicitudes de información disminuyó de 93. 8% en 2022 a 62. 5% en 2025.
La dificultad para acceder a la información y la entrega incompleta o carente de datos fundamentales complican la comprensión de la magnitud del problema de las fosas clandestinas.
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