DATO DURO
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma constitucional que establece un tope a las pensiones del personal de confianza en empresas públicas, organismos descentralizados, banca de desarrollo y otras instituciones que dependen del presupuesto. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada por unanimidad en lo general con 458 votos a favor.
La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución para establecer que las jubilaciones no podrán superar la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, cifra cercana a los 70,000 pesos mensuales. También ordena que contratos e instrumentos laborales no fijen condiciones superiores a ese límite.
El dictamen ya había sido aprobado en el Senado el 11 de marzo con 109 votos a favor y seis abstenciones. Para su entrada en vigor, requiere ahora el aval de la mayoría de las legislaturas estatales antes de su promulgación.
CONTEXTO
La votación en San Lázaro ocurrió entre protestas de jubilados en los accesos del Palacio Legislativo. Los manifestantes expresaron preocupación por el destino de sus pensiones ya constituidas.

Contexto político
El bloque de Morena, junto con sus aliados del PVEM y PT, defendieron la medida como un paso hacia la austeridad republicana. Argumentaron que el sistema de pensiones "no debe ser espacio para excesos" y que los recursos liberados podrían destinarse a otras prioridades públicas.
Los partidos de oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— respaldaron el objetivo de eliminar pensiones millonarias, pero cuestionaron los artículos transitorios. Noemí Luna, del PAN, advirtió que la retroactividad podría afectar derechos adquiridos. César Domínguez, del PRI, calificó la iniciativa de "regresiva y lesiva" para quienes ya se jubilaron.
CONCLUSIÓN
Claudia Ruiz Massieu e Irais Reyes, de Movimiento Ciudadano, señalaron que la aplicación retroactiva "podría detonar amparos e incertidumbre jurídica". Incluso dentro de la coalición oficialista, Lilia Aguilar del PT presentó una reserva para evitar que la reforma afecte a quienes obtuvieron legalmente su pensión.
La reforma excluye expresamente a las Fuerzas Armadas, así como las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a cuentas individuales y las constituidas con aportaciones sindicales en sistemas complementarios.
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