Un estudio reciente de la Universidad Iberoamericana, titulado 'Who Pays Bribes? Gender, Education, and Petty Corruption in Mexico, 2011–2023', ha arrojado luz sobre las diferencias de género en el pago de sobornos en México. Se encontró que, aunque los hombres reportan una mayor probabilidad de haber pagado sobornos, esto no implica que sean más corruptos que las mujeres. La investigación, realizada por Heidi J. Smith y Alejandra Villegas, analizó datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2011 a 2023 para identificar factores asociados con el pago de sobornos durante trámites y servicios públicos.
El estudio reveló que alrededor de 12 hombres por cada 100 reportan haber pagado un soborno, en comparación con aproximadamente cinco mujeres por cada 100. Esto sugiere que la brecha podría estar relacionada con la forma en que hombres y mujeres interactúan con las instituciones públicas, más que con una predisposición intrínseca al pago de sobornos.

Otro hallazgo importante fue que una mayor presencia de mujeres en cargos públicos no se correlaciona automáticamente con una disminución de la corrupción cotidiana. La investigación no encontró evidencia de que la paridad de género en gobiernos municipales tenga un efecto directo en la reducción de los sobornos.

Smith aclaró que la representación política y las estrategias anticorrupción abordan problemas distintos y que reducir la corrupción de ventanilla requiere simplificar trámites administrativos, disminuir la discrecionalidad de los funcionarios y aumentar el conocimiento sobre el uso de servicios públicos por parte de la población.
Además, el estudio encontró que personas con educación universitaria reportan una mayor probabilidad de pagar sobornos, un resultado que contradice parte de la literatura previa sobre corrupción. Smith señaló que es necesario profundizar en futuros estudios para entender los factores detrás de esta asociación.

El estudio, según Smith, debe entenderse como un primer análisis exploratorio que abre nuevas líneas de investigación, más que como una explicación definitiva sobre las diferencias de género frente a la corrupción o una base para diseñar políticas públicas específicas.
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