El desarrollo turístico 'Nuevo Nayarit', que se presenta como un motor de inversión privada y respaldo presidencial, enfrenta acusaciones de despojos y litigios irresueltos. Empresarios como Eduardo Valencia Castellanos denuncian que, a pesar de fallos judiciales en su favor, no han recuperado propiedades arrebatadas en Bahía de Banderas.
El proyecto se asienta en un de despojos, extorsiones y persecución penal, basados en alegadas irregularidades como fraudes procesales y el uso de instrumentos legales y financieros para apropiarse de terrenos. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, anunció una inversión de mil 200 millones de dólares en la zona, tras la 'recuperación' de terrenos por el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero.
Eduardo Valencia Castellanos, empresario inmobiliario, afirma que, pese a contar con resoluciones judiciales en su favor, no ha logrado recuperar los 530 departamentos del complejo Flamingos Acqua, ubicado en Bahía de Banderas, en Nuevo Vallarta. Valencia Castellanos acusó que su desarrollo fue despojado mediante la falsificación de documentos durante el gobierno estatal anterior, liderado por Antonio Echevarría.

El complejo Flamingos Acqua, actualmente valuado en unos 275 millones de dólares, enfrenta nuevas acusaciones que buscan criminalizar a Valencia Castellanos y silenciarlo. Valencia sostiene que el despojo de su patrimonio fue resultado de un entramado de extorsión, fabricación de delitos y corrupción judicial en el que participaron funcionarios del gobierno de Nayarit, incluyendo al entonces fiscal Edgar Veytia.
En 2005, Valencia inició la construcción de un complejo residencial de lujo en un terreno de 43 mil metros cuadrados, que planeó desarrollar en cuatro etapas. Para 2007, había construido 340 departamentos en las torres 1 y 2. La construcción de la torre 3 se vio interrumpida debido a que, según Valencia, fue privado del inmueble.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en la Riviera Nayarita habrá desarrollos turísticos de distinto nivel con la garantía de acceso público a la playa. Sin embargo, la situación de Valencia Castellanos pone en duda la transparencia y legalidad de los procesos de despojo y recuperación de terrenos en la región.
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