En el siglo XXI, el efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado en México. Datos del Banco de México revelan que nueve de cada diez personas lo emplean como forma principal de transacción, mientras que solo un 3% opta por transferencias electrónicas y un 17% por tarjetas de débito.
Este uso generalizado del efectivo tiene costos ocultos que impactan tanto a empresas como a la economía en su conjunto. La gestión del efectivo implica gastos en transporte y La alta informalidad laboral, que según el INEGI supera el 54% de la población económicamente activa, está estrechamente relacionada con el uso predominante del efectivo.
Esto reduce la recaudación fiscal, limita el acceso a financiamiento formal y evita que millones de personas puedan construir un historial crediticio o acceder a herramientas modernas de gestión financiera.
Para superar esta dependencia, no es suficiente promover pagos con tarjeta o transferencias; es necesario desarrollar una infraestructura financiera abierta e interoperable. Esto permitiría que bancos, fintechs, comercios y plataformas digitales se conecten bajo estándares comunes, facilitando transacciones más seguras, rápidas y accesibles.
El objetivo es reducir costos y ampliar el acceso para personas y empresas, promoviendo así una mayor inclusión financiera en México.
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